La hostelería de Galicia está «preocupada» ante la resolución adoptada este jueves por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de inhabilitar la exigencia del certificado covid para acceder al interior de establecimientos en aquellos municipios con la incidencia más alta.

El TSXG considera que dicho documento carece de vigencia al no haber sido autorizado judicialmente. Los magistrados explican en dos autos que la Xunta solo envió al TSXG para someter a autorización la orden de 21 de julio, en la que se establecían medidas de prevención frente al virus, entre ellas limitaciones en las reuniones, pero no la orden de 22 de julio, que contenía el requerimiento de presentar el certificado covid en establecimientos de hostelería y restauración.

César Ballesteros, presidente de la Federación de Hostelería de Pontevedra –consultado por Europa Press–, ha reconocido «cierta satisfacción» ante la resolución judicial, puesto que «pedir el certificado era engorroso y complicado de cumplir», pero se ha mostrado preocupado por el futuro.

«Nunca nos ha gustado la medida, pero nuestra prioridad es seguir abiertos y ahora veremos qué pasa», ha señalado Ballesteros, que ha insistido en que sus inquietudes se concentran en los municipios con la incidencia más alta. «Estamos a la espera de que Sanidade nos diga cómo proceder», ha asegurado el presidente de los hosteleros de Pontevedra.

«AHORA CABE LA POSIBILIDAD DE QUE NOS CIERREN»

Por su parte, Cheché Real, presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de Lugo, se ha mostrado más tajante. «Lo único que nos preocupa es poder seguir abiertos, seguir trabajando. Y ahora cabe la posibilidad de que nos cierren», ha apuntado Real.

El responsable de la asociación en la provincia lucense ha subrayado que «la única alternativa» ofrecida por el Ejecutivo autonómico para seguir abiertos era el certificado y ha reconocido sentir «pena y miedo» por un posible cierre causado por «litigios que buscan un protagonismo excesivo».

«No lo entiendo. El certificado daba confianza a los clientes, permitía seguir trabajando con seguridad y con las máximas garantías sanitarias. Aunque tuviesen razón –las agrupaciones que han presentado recursos contra el certificado–, estamos en una situación excepcional que requiere medidas excepcionales; hay miles de muertos», ha explicado Real, que ha remarcado además que el argumento de que «no son policías» no es «válido». «Cuando vas a un hotel, también te mandan identificarte, y los hosteleros, si dudan de si alguien es menor, también lo hacen, por ejemplo», ha apuntado.

«Ahora hay dos opciones: que nos cierren o seguir abiertos con el riesgo de los clientes no quieran venir por la falta de garantías sanitarias que se les ofrecían antes. Nadie quiere arriesgarse a contagiar a su familia por tomar un chocolate con churros», ha insistido el presidente de la asociación.

Por otra parte y respecto al papel de la justicia, Real ha señalado «no entender» que se a algunos se les exija «adaptarse» a las circunstancias pero «la justicia no lo haga». «No se puede ir de sentencia en sentencia como si no estuviésemos en una pandemia», ha censurado Real, que ha recalcado la necesidad de un texto legal que de cobertura y amparo a este tipo de decisiones.

HOSTELEROS DE SANTIAGO, «SATISFECHOS»

Los autos del TSXG llegan tras la denegación por parte del tribunal el pasado 6 de agosto de la medida cautelarísima solicitada por la Asociación de Empresarios Lugo Monumental para que se suspendiese la exigencia de aportar el certificado covid-19 para acceder al interior de establecimientos hosteleros y locales de ocio nocturno, así como las restricciones relativas a la ocupación en las terrazas en los ayuntamientos con peor situación epidemiológica.

En ese momento, el Tribunal señaló que, dado que la tramitación de las medidas cautelarísimas suponen que no se dé traslado del recurso a la Xunta, la audiencia acordó, con el objetivo «de no hurtar a la administración la posibilidad de hacer alegaciones y de atender a la petición subsidiaria efectuada por la parte actora», que se continúe su tramitación como una pieza ordinaria de medidas cautelares.

Así, el alto tribunal gallego destacaba que, en todas las medidas adoptadas por la Xunta, incluidas las que fueron objeto de impugnación, «subyace el interés en evitar la aglomeración de personas, de procurar que se respeten las medidas de distanciamiento y, en definitiva, de proteger la salud pública haciendo frente a los brotes y a las cadenas de transmisiones existentes, procurando garantizar su contención».

Al recurso presentado por Lugo Monumental, se sumó a los pocos días Hosteleros de Santiago, asociación que presentó uno propio para «complementar» el de la plataforma lucense. «El certificado no es eficaz en la contención de los contagios y además es una medida criminalizadora contra el sector», aseguraban en el momento de presentar el escrito.

Este jueves, a través de un comunicado, Hosteleros de Santiago han mostrado su «satisfacción» por la decisión del alto tribunal. Entienden que «la supuesta madurez de la Administración autonómica ha quedado en evidencia al decretar una orden que no contaba con la preceptiva autorización/ratificación judicial de las medidas».

El colectivo ha destacado que el certificado covid ha tenido «una enorme repercusión» en el desarrollo ordinario de la actividad, «causando pérdidas inmensas por la necesidad de dedicar recursos económicos y personales y por el descenso de la clientela».

Es por este motivo que reclaman un plan de indemnizaciones «real» para paliar «el esfuerzo suplementario» que supuso la implementación de «una orden tan relevante y que, increíblemente, iba en contra de la ley». Instan también a la Xunta a entablar un diálogo «con el conjunto de la hostelería».