Ence ha anunciado que «agotará todas las vías jurídicas para defender la legalidad de la prórroga» de la concesión de la fábrica de Pontevedra, que anula en sendas sentencias la Audiencia Nacional, al admitir los recursos contra ella del Ayuntamiento y de Greenpeace.

La compañía avanza en un comunicado de prensa que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la prórroga y advierte de que «más de 5.100 familias dependen de forma directa e indirecta de la actividad de la planta».

La Audiencia Nacional ha dictaminado que Ence desarrolla una actividad que, por su naturaleza, puede tener una localización distinta de su actual emplazamiento.

«Desde el respeto absoluto a las decisiones de la justicia, Ence quiere poner de manifiesto su desacuerdo con esta decisión del tribunal, tal y como demuestran estudios independientes como los de la ingeniería Idom. Por ello, agotará todas las vías jurídicas posibles en defensa de sus intereses», subraya.

La compañía reitera su opinión sobre «la validez de la prórroga de esta concesión, de la que dependen más de 5.100 familias en Galicia de forma directa e indirecta».

La concesión de la fábrica de Pontevedra fue prorrogada, afirma, «acorde a derecho en enero de 2016 mediante una resolución del entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por un plazo de 50 años, más otros 10 adicionales vinculados a un compromiso de inversión en mejoras ambientales y operativas de 71 millones de euros».

«Esta ampliación fue realizada en cumplimiento estricto de la legalidad, en aplicación de la Ley 2/2013 de Costas y el Reglamento General de Costas de 2014. Además, Ence se comprometió a desarrollar un programa de inversiones en Galicia por otros 47 millones de euros, y a implementar un plan social en Pontevedra de 3 millones al año durante los 60 años de concesión», apunta.

Para la pastera, la sentencia de la Audiencia Nacional supone «un duro golpe para el empleo y la economía de toda Galicia». Ence reivindica ser «una de las principales industrias de la comunidad autónoma» y destaca que la fábrica de Pontevedra dispone de una plantilla fija de 400 empleados a los que se unen 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte.

Adicionalmente, apunta a otros 2.100 empleos del sector forestal de Galicia que, dice, «dependen directamente de la actividad de Ence-Pontevedra». «En total, más de 5.100 empleos, a los que se suman las cerca de 200.000 familias productoras forestales del norte de España, que también se verían afectadas por el cese de la actividad de esta planta y la consiguiente caída de la demanda», avisa.

Además, subraya que la planta de Ence en Pontevedra «cumple sobradamente con toda la legislación ambiental» y añade que, «con su actividad, promueve la utilización de celulosa, un material reciclable, biodegradable y sustitutivo de los derivados del plástico».

«Su actividad está además alineada con la transición energética, al autoabastecerse en energía renovable, y con la economía circular, como demuestra el certificado ‘Residuo Cero’ concedido por Aenor», agrega.

Por último, trae a colación la consecución de «importantes reconocimientos ambientales», como la Distinción de Oro de la Comisión Europea y la etiqueta ecológica Nordic Swan. «Este mes de junio, la planta ha sido reconocida por la Asociación Profesional de Empresas Medioambientales de Galicia por su excelencia ambiental y, también en 2021, como referente en seguridad por la Asociación Europea de la Industria de la Celulosa», incide.

CNMV

En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ence informa de que la sociedad presentará, dentro del plazo legal para ello, recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Asimismo, apunta que convocará una ‘conference call’ con inversores a principios de la semana próxima «a fin de dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar con relación a la información publicada.