El juzgado central de instrucción número 3 de Madrid ha decretado la intervención judicial de las sociedades Iberian Green Aluminium Company, Alu Holding Spain, Alu Holding AVL, Alu Ibérica AC y Alu IBérica AVL.

Esta medida, dictada en un auto con fecha del 27 de abril, se toma por tiempo de seis meses, «prorrogándose, en su caso, por períodos iguales de seis meses».

Son designados como administradores judiciales funcionarios de laIntervención General de la Administración del Estado y de la Intervención General de la Seguridad Social.

La intervención se deriva de la investigación iniciada por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón a raíz de la querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con el proceso de venta de las plantas de la empresa Alcoa en Avilés y A Coruña.

Responde, después, a la petición del Ministerio Fiscal de Anticorrupción, que el pasado 12 de marzo solicitó que se adoptase esta medida cautelar de intervención judicial de las sociedades, según explica el auto. Además, no interrumpe la actividad empresarial.

El juzgado advierte la intervención como la medida «más adecuada y proporcionada en este momento procesal, por cuanto de lo hasta aquíseñalado se evidencia la indudable necesidad de adoptar las cautelas precisas para evitar que durante la sustanciación del presente procedimiento, las entidades querelladas puedan realizar operaciones que incidan en la hasta el momento indiciaria actuación de descapitalización y despatrimonialización de las empresas y los centros de producción de A Coruña y Avilés».

La adopta, así, «en aras a salvaguardar los derechos y expectativas de los trabajadores de la empresa o grupo de empresas, y de los acreedores y/o Administraciones Públicas eventualmente perjudicados, que pudieren resultar afectados por las prácticas, sujetas a investigación, de los actuales gestores y administradores».

Anticorrupción fue la que planteó que se designe como interventor de dichas sociedades a uno o varios funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o de la Intervención General de la Administración del Estado, y se requiera la autorización delinterventor para la realización de actos que excedan de la ordinaria administración de los bienes de las sociedades intervenidas, incluyendo como tales los actos de disposición de activos de la empresa.

«CANAL PARA DETRAER CAPITALES»

El juzgado relata los sucesivos procesos de compraventa que afectaron a las plantas para añadir que, en el marco de dicha adquisición, «se puede identificar una operación que evidenciaría la descapitalización de las empresas Alcoa Inespal Avilés S.L. y Alcoa Inespal Coruña S.L.».

«Además de contribuir a la imposibilidad de reflotarlas con el consiguiente perjuicio a los acreedores y trabajadores, habrían sido desviados en beneficio de Blue Motion Tecnhologies», apunta.

De este modo, System Capital Management «habría servido de canal para detraer capitales de las plantas de producción, en lo que en este momento inicial de la instrucción, no puede sino valorarse como un actode vaciamiento patrimonial de los mismos». LA QUERELLA

La querella se presentó por hechos que, a juicio del sindicato, son constitutivos de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, y se dirigía contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL y Parter Capital Group.

En el auto de admisión, la magistrada ofició a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que realizase «una investigación integral respecto de las personas físicas y jurídicas contra las que se dirige la querella», para el esclarecimiento de los hechos y de forma previa a resolver sobre las diligencias pedidas por los querellantes. REGISTROS

Después de eso, ya el pasado mes de marzo, la Policía Nacional desarrolló un operativo por la supuesta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio que eran propiedad de Alcoa en A Coruña y Avilés, en el marco de una investigación dirigida ya por este juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.

Los registros se saldaron con tres detenidos que declararon en la Audiencia Nacional, y una cuarta persona que iba a ser detenida se encontraba de viaje pero fue también citada a declarar ante la jueza María Tardón.

Agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo esta actuación en las provincias de Madrid, A Coruña, Asturias, Málaga y Castellón, y la operación incluyó un total de 11 registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados.

La investigación, dirigida por dicho juzgado y coordinada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, perseguía la obtención de pruebas de cara al esclarecimiento de los hechos y la salvaguarda de los derechos de todos los posibles perjudicados por tales actuaciones.

En el operativo participaron más de 100 funcionarios policiales de distintas especialidades de la organización central y territorial de la Dirección General de la Policía, incluida la unidad central de delincuencia económica y fiscal (UDEF), además de integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.