El Tribunal Supremo ha iniciado la instrucción para resolver sobre el recurso que la multinacional del aluminio Alcoa interpuso contra el fallo que tumbó el expediente de regulación de empleo para medio centenar de trabajadores en la fábrica de Cervo (Lugo).
En concreto, la sala de lo social del Supremo emitió una diligencia de ordenación con fecha del pasado 9 de abril en la que designa magistrado ponente a Ignacio García-Perrote Escartín.
Ordena que las actuaciones pasen a este magistrado para instrucción por tres días, si bien contra esta resolución cabe recurso de reposición, ante el letrado de la administración de justicia, en el plazo de cinco días, que no tendrá efectos suspensivos respecto a loacordado.
Preguntada al respecto, en declaraciones a Europa Press, la abogada de CC.OO. María Veiga explica que ese plazo de tres días no tiene por qué ser necesariamente lo que tarde el Supremo en resolver sobre el recurso, algo que le extrañaría por su brevedad debido al alcance de la decisión. En cualquier caso, sí asume que una vez que se emite esta diligencia, «no suele tardar mucho».
Por su parte, confía en que se mantenga el sentido de la sentencia que emitió en su día el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que anuló el despido colectivo que pretendía llevar adelante Alcoa al atribuirle «mala fe» en las negociaciones.
«Es una sentencia que está bien fundamentada. No veo la necesidad de moverla y espero que eso no ocurra. Sería un shock para la plantilla», constata.
REUNIÓN CON CONDE
Precisamente, representantes de los trabajadores han mantenido este lunes una reunión de trabajo con el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde.
Al término, ambas partes han transmitido el mismo mensaje a los medios de comunicación: la necesidad de que se produzca «un avance» y de que se trasladen «claridad y certezas» en el proceso para la venta de la compañía a la sociedad estatal de participaciones industriales (SEPI).
En este caso, tanto el vicepresidente como el presidente del comité, José Antonio Zan, han centrado sus críticas en la cláusula de indemnidad que aseguran que ha incorporado la multinacional a las negociaciones, con la que «se ha salido» del marco existente en el anterior proceso de venta, el pasado año.
Zan ha insistido en pedir a la empresa una «rebaja» en sus pretensiones, puesto que esta cláusula, que implica protegerse con respecto a eventuales demandas judiciales futuras, «no estaba el 27 de septiembre». «Ha especificado mucho más en esta cláusula que la anterior. Ha exigido bastante más», ha remarcado.
Al respecto, el presidente del comité ha llamado la atención sobre que el Gobierno «no puede firmar nada ilegal», de ahí que exija a Alcoa «sentarse a negociar de verdad».
A la SEPI, por su parte, le insta a ser «corresponsable», puesto que «si no» las conversaciones «seguirán estancadas» a poco más de 10 días del plazo que se dieron Alcoa y comité para tener sellado un pacto para la venta. «No se puede seguir alargando el proceso de venta», ha finalizado.
Por su parte, Francisco Claro ha remarcado la necesidad de que «haya certidumbres» ante la cercanía del 30 de abril. Certidumbres que ha pedido para poder «vislumbrar que se va a poder llegar a ese acuerdo de compraventa».
«La SEPI tiene que aclarar cuál es su papel, ser el elemento facilitador para que Alcoa pueda vender esa planta; Alcoa tiene que garantizar los términos en que estaba negociando en septiembre y Liberty tiene que trasladar todas las garantías desde el punto de vista financiero», ha expuesto el vicepresidente económico del Ejecutivo gallego.
Llamando la atención sobre que «son muchos meses desde que se inició este proceso», ha enfatizado que la «urgencia» no es «solo económica», sino «también desde el punto de vista emocional, por parte de toda una comarca», la de A Mariña, que requiere «que se pueda despejar el futuro».
REUNIÓN CON ALCOA
Por su parte, Alcoa convocará a una reunión de seguimiento para informar del proceso de venta esta semana, previsiblemente el jueves 22.
Ante los llamamientos a movilizarse de centrales como la CIG, José Antonio Zan ha reconocido que «siempre» existe esa «necesidad» para la parte sindical, pero ha apelado a que haya ese principio de acuerdo y también a protestas futuras para reclamar una mejora del precio de la energía en el conjunto estatal.
