Dos informes encargados por la Xunta respaldan la reclamación de la administración autonómica que solicita al Gobierno central una reforma de los códigos Civil y Penal para elevar las penas por ocupación ilegal de viviendas.

Los documentos, elaborados por los profesores de Derecho Penal Santiago Brage (USC) y Silvia Valmaña (UCLM), han sido abordados en la reunión del Observatorio da Vivenda celebrado este viernes con la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez.

Un encuentro que tuvo como «punto fundamental» la ocupación ilegal de viviendas en Galicia, según ha comentado en rueda de prensa la conselleira, que ha hecho hincapié en la «inseguridad jurídica» en torno a este asunto, «que hace que muchos gallegos no pongan a disposición para alquiler» sus pisos y casas.

Vázquez ha asegurado que durante el tercer trimestre del año Galicia registró «una ocupación cada día», si bien ha reconocido que los datos no parten de un censo oficial, cuya elaboración demanda a la Administración central. En todo caso, la Xunta se encuentra en estos momentos elaborando «un mapa de la ocupación» en la Comunidad gallega.

«Necesitamos tener una comunicación fluida para contar con datos actualizados en relación a la ocupación de viviendas», ha añadido la responsable del Gobierno gallego, que ha concretado que la cifra sobre el tercer trimestre del pasado año surge de una «fusión» de la información del Instituto Nacional de Estadística (INE), la fiscalía «y los datos que muchas veces son conocedores muchos medios de comunicación antes incluso que la propia comunidad autónoma».

ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS

Además de solicitar información oficial en torno al número de viviendas ocupadas de forma ilegal en Galicia, la Xunta ve necesario acometer modificaciones de los códigos Penal y Civil para aportar mayor «seguridad jurídica» de cara a actuar ante este tipo de episodios y también ejercer como un elemento «disuasorio».

«No puede ser que esté más penado la extracción de un teléfono móvil que una ocupación ilegal», ha aseverado Vázquez, que también ha puesto el foco en que es preciso agilizar los procesos de desalojo dotando de mecanismos a las fuerzas de seguridad, prohibir los empadronamientos en domicilios ocupados y «habilitar» a las comunidades de vecinos para que «puedan actuar» ante estos episodios.

Según la conselleira, la legislación en España ha quedado «obsoleta» para hacer frente a una problemática que, dice, se ha convertido en «normalidad» debido en parte a los decretos aprobados por el Gobierno durante el estado de alarma que paralizaron los desahucios y desalojos.

«En Galicia no queremos llegar a los datos de otras comunidades», ha añadido Ángeles Vázquez, ha advertido de la detección de una suerte de ‘efecto llamada’ para la ocupación de viviendas.

«Parte de los ocupantes su origen no es gallego. Llegó a Galicia, ocupó y atrae a gente de otros lugares», ha apostillado la conselleira, que también ha resaltado que «el 99,9%» de los responsables de ocupaciones «no se ponen en contacto» con los servicios sociales para solicitar ayudas municipales o autonómicas a la vivienda.

INFORME DE SILVIA VALMANIA

Uno de los informes encargados por la Xunta fue elaborado por la profesora Silvia Valmania, quien ha desgranado los principales puntos de su estudio sobre la ocupación de viviendas ilegales y los mecanismos que deben contar las administraciones para proteger a los propietarios.

El primero de ellos está, según la docente –exdiputada del PP en el Congreso–, en el endurecimiento de la pena del delito de usurpación, ya que considera que es preciso enviar el «mensaje» de que la ocupación de viviendas «es una conducta ilícita y penalmente relevante».

Por este motivo, y en aras de incidir en la «prevención» de estos episodios, cree necesario que se equiparen las penas «a otros delitos similares» con el objetivo de que ejerzca como un elemento disuasorio.

Todo esto acompañado de mecanismos que faciliten la recuperación de las viviendas para los propietarios que, para la profesora Valmania, han de homogeneizarse a nivel estatal para evitar disparidades entre comunidades autónomas.