El comité de empresa de la fábrica de Ence en Lourizán ha pedido este miércoles la creación de una mesa de diálogo integrada entre la Xunta, el Gobierno central, la empresa, la plantilla y «todo aquel que tenga capacidad de decisión» para garantizar la continuidad de sus puestos de trabajo ante la «situación de incertidumbre» en la que se encuentra la planta de Pontevedra.
Según ha manifestado el comité, «sobre mil trabajadores entran todos los días en la fábrica de Pontevedra», de los que 270 son empleos directos.
Después de una ronda de contactos con los dos vicepresidentes de la Xunta, Alfonso Rueda y Francisco Conde, así como con los responsables de distintos grupos políticos, el comité de empresa de fábrica (integrado por CIG, UGT, CC.OO. y un delegado de un sindicato independiente) ha comparecido este miércoles en rueda de prensa.
El presidente del comité de fábrica, Antonio Lafuente, ha explicado que los trabajadores están preocupados ante la tramitación en el Congreso de la Ley para el cambio climático y la transición ecológica que en su artículo 18 «limita» a 75 años, teniendo en cuenta las prórrogas, la duración de las concesiones de la zona de dominio público marítimo-terrestre que establece la Ley de Costas.
Representantes socialistas les aseguraron que la ley no afectaría a la concesión de Ence al no tener efecto retroactivo, pero «la empresa y la Xunta dicen lo contrario», han señalado por parte del comité, lo que supondría que la fábrica de celulosa en la ría de Pontevedra tenga que cerrar en el año 2033.
Pero la «amenaza» más importante, según han reconocido, es el recurso ante la Audiencia Nacional contra la prórroga por 75 años de la concesión concedida el 20 de enero de 2016 por el gobierno en funciones del popular Mariano Rajoy. Un proceso judicial que puede prolongarse durante años al anunciar las distintas partes implicadas recursos que alcanzarían las más altas instancias judiciales europeas.
INVERSIÓN
Lafuente ha asegurado que esta inseguridad jurídica está frenando las inversiones en la fábrica de Lourizán provocando «que se muera por inanición». Según han indicado, la dirección de la empresa les reiteró que no invertirá en Pontevedra hasta que se aclare su situación jurídica, por lo que «se hace lo mínimo imprescindible para mantener la fábrica en marcha».
Según ha manifestado el presidente del comité de empresa, «si no hay inversión y la situación de inseguridad jurídica se prolonga la fábrica cerrará igual».
Los trabajadores tienen pendientes sendas reuniones con los ministerios de Transición Ecológica e Industria, y ya advierten de que «si después de estas reuniones» no obtienen «una propuesta de negociación sobre la mesa», tendrán «que plantear otro tipo de acciones», en alusión a las movilizaciones como las que ya han iniciado sus compañeros del comité de empresa de oficinas de Ence, que está dirigido por Comisiones Obreras.
