El conselleiro maior del Consello de Contas, Juan Carlos Aladro, ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación en el Parlamento gallego sobre los contratos de la Xunta, donde se ha reafirmado –introduciendo algunos matices durante el debate– en el contenido del polémico informe de fiscalización sobre la concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Ante los grupos parlamentarios, ha confirmado que sí hubiese sido «más eficiente» la alternativa de licitación pública en lugar de optar por la concesión. Sin embargo, ha añadido a renglón seguido, tal y como figura en el informe, que la Xunta «no estaría en condiciones» de construir la infraestructura sin renunciar a «cumplir con los objetivos de déficit» y «sin renunciar» a otros gastos e inversiones, debido al contexto de crisis económica a partir de 2008.

El máximo responsable de Contas ha apuntado tanto ventajas como deficiencias en la forma escogida por la Xunta para levantar el hospital. Entre estas últimas, ha señalado la «falta de un estudio de viabilidad completo, que fue sustituido por un estudio socioeconómico financiero».

Con todo, Aladro ha destacado la «reducción de los plazos de construcción» para esta infraestructura, construida entre 2011 y 2015, así como «la transferencia de riesgo» a la UTE promotora.

REBAJA EL «SOBRECOSTE» DE 470 MILLONES

Tras esta primera intervención, la oposición ha preguntado por ese «sobrecoste» de 470 millones de euros que el informe señaló que supondrá de más el hospital por haber escogido el modelo de concesión de obra pública.

La que más hincapié ha hecho en esa cifra ha sido la diputada del Bloque Montse Prado, quien ha denunciado que el Álvaro Cunqueiro «supuso que los gallegos pagarán 470 millones de euros» más por él, pese a que «el PP pudo optar» por un modelo totalmente público.

En su respuesta, el conselleiro maior de Contas no ha empleado la palabra «sobrecoste» ni ha rebatido la polémica cifra, pero sí ha introducido un matiz. Así, ha explicado que lo correcto es aplicar el valor anual neto (VAN), por el que la diferencia entre ambas opciones contractuales sería, en realidad, de unos 165,77 millones de euros, IVA incluido.

Por su parte, la diputada del PSdeG Elena Espinosa ha reconocido posteriormente «que no hubo un sobrecoste en sentido estricto»: «Pero lo que dice el Consello de Contas es que alternativa, y lo diré mil veces, que alternativa de licitación de obra, por un lado, y licitación de contratos de servicios, por otra, fue lo que llevó a ese sobrecoste».

De igual modo, ha sostenido que «sí se podía hacer una financiación pública» para el Álvaro Cunqueiro y que el bipartito que dirigó el socialista Emilio Pérez Touriño, entre 2005 y 2009, «sí hizo el estudio» para hacerlo de esta forma.

«CONFLICTO DE INTERESES»

Además, Espinosa ha centrado parte de sus críticas en denunciar que Tomás Pérez Vidal –expresidente del Parlamento gallego, exconselleiro de Fraga y actual miembro del Consello de Contas– fue hasta 2020 consejero delegado del Grupo Puentes y Calzadas, una de las empresas que conforman la UTE concesionaria (Sociedade Novo Hospital de Vigo).

La socialista también ha censurado la «ocultación deliberada» de esta información en su currículum y el posible «conflicto de intereses» porque es el encargado de fiscalizar al Sergas. No obstante, Aladro le ha respondido que Pérez Vidal «no intervino, de ninguna manera», en el documento sobre el Álvaro Cunqueiro.

Por parte del PPdeG, el diputado Roberto Rodríguez ha celebrado que la comparecencia del conselleiro maior confirmase que «en ningún caso» era un «sobrecoste» esa cifra de 470 millones. Asimismo, aunque Contas lo ve «más eficiente», el popular ha insistido en que «no era viable», por el momento de crisis financiera, que la Xunta hiciese por sí sola el hospital.

Tampoco comparte el PP el criterio que emplea Contas para afirmar, en su informe, que la superficie construida del edificio en el proyecto básico se reduce en casi 22.000 metros cuadrados en ejecución de obra. «El informe solo tiene en cuenta la superficie útil hospitalaria, un criterio que respetamos pero no compartimos», ha apuntado Rodríguez.

CONTRATOS DE EMERGENCIA

Aunque era otro de los asuntos a abordar en la comisión de investigación, creada por petición del BNG, en este debate apenas se ha hablado de los contratos menores y los de emergencia en pandemia.

La oposición ponía el foco en aquellos firmados con empresas vinculadas con el entorno del expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo. Es el caso de Eulen, que tiene a su hermana, Micaela Núñez Feijóo, como directora para el Noroeste; y Universal Support, firma en la que trabaja su cuñado, Ignacio Cárdenas, y que sirvió de apoyo para el servicio de rastreadores durante la covid.

El conselleiro maior ha confirmado que la pandemia tuvo un gran «impacto sobre la capacidad contractual» del Sergas en un «mercado inestable y muy volátil» a nivel mundial.

Entre marzo de 2020 y mayo de 2021, «la práctica totalidad» de los contratos para atender las necesidades sanitarias provocadas por la covid se hicieron a través de la vía de emergencia. 148 de los expedientes se concentraron en los servicios centrales del Sergas y supusieron «el 47 por ciento» del total.

Entre las recomendaciones que hace el órgano fiscalizador, está la de que «debería primar siempre» la utilización de procedimientos contractuales con concurrencia competitiva. También reprocha que «en algunos expedientes se apreciaron deficiencias en memorias justificativas».

Al respecto, Roberto Rodríguez (PP) ha subrayado que el Sergas remitió «toda la información» sobre estos contratos a Contas, sin que esta institución formulase «reparos de legalidad». Por tanto, el popular ve desmontada la «paranoia corrupta» que ve la oposición «desde hace 15 años».

Posteriormente, también para responder a una cuestión formulada por el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, el conselleiro maior ha confirmado que Contas «no tiene funciones de enjuiciamiento» y que, «en caso de apreciar responsabilidad penal», se hubiese puesto en conocimiento de la Fiscalía.