La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha lamentado que el Plan de Acción en Atención Primaria cuenta con una financiación «absolutamente insuficiente», de 280 millones de euros, frente a unas necesidades que estiman en «10.000 millones».

«Los recursos económicos extraordinarios deberían distribuirse entre el Ministerio de Sanidad (50%) con fondos europeos (se desconoce el destino final de los 1.088 millones para AP del pasado año) o una reforma progresiva y justa de impuestos y el otro 50 por ciento por las CCAA, que a pesar de destinar un escaso 14,9 por ciento a AP han incrementado este capítulo apenas lo han incrementado en un escaso 4 por ciento para este año», explican en un comunicado.

La asociación ve «necesario y urgente», para evitar el «colapso del sistema, la huida de la población al sector privado o la frustración y el abandono profesional», que se adopten medidas para abordar la situación «con carácter excepcional». «Los fondos europeos para afrontar las consecuencias de la COVID-19 y el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia podrían suponer una gran oportunidad para ello», detallan.

Sin embargo, denuncian que el Plan de Acción tiene unas propuestas que «van a suponer la pérdida de otra oportunidad de cambio y una gran frustración social y profesional».

En primer lugar, critican que la aplicación de los 12 bloques que contempla se posponen «de manera inaceptable». «El 62 por ciento de las medidas retrasan su aplicación en casi dos años (22 meses), mientras que las medidas más urgentes para afrontar la situación como incrementar la financiación con presupuestos finalistas para la AP se aplaza 22 meses; incrementar los recursos humanos como oferta de empleo, evaluación de necesidades de recursos o formación de nuevos especialistas, superan el año y medio; garantizar la accesibilidad a los Centros de salud y gestionar la demanda de la población casi un año (10 meses)», esgrimen.

Asimismo, censuran que «no se cuantifica la necesidad de personal para afrontar la situación». «La mayoría de las organizaciones profesionales y sindicales estiman necesario crear 8.000 plazas de personal médico, 15.000 de enfermería y 5.000 de administrativo. Tampoco se definen las nuevas categorías profesionales a incorporar a los Centros de salud, absolutamente necesarias para garantizar una atención integral, satisfacer la demanda de la población y acabar con la masificación de la consulta médica», añaden al respecto.

Asimismo, apuntan que la propuesta para el empoderamiento de la AP «se limita a una estrategia de comunicación y de información del trabajo de la AP». «Se sigue sin dar la AP el poder para controlar y gestionar los procesos asistenciales en coordinación con los hospitales», apostillan.

«En resumen, un nuevo ejercicio teórico de planificación, que se suma a los que se llevan realizando desde hace 4 años, que aplaza la adopción de las medidas urgentes dada la gravedad de la situación de la AP y que carece de la concreción y del compromiso presupuestario para llevarlas a cabo», remachan.