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La Xunta carga contra la orden del Gobierno que prohíbe la caza del lobo: «Es un decálogo sin ayudas para implantarlo»

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La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha cargado contra la orden que desde este miércoles prohíbe la caza del lobo en España porque entiende que, además de considerarla innecesaria en una comunidad donde esta especie goza de «muy buena salud», carece de dotación presupuestaria para aplicar las medidas y prestar apoyo a los ganaderos que se verán «afectados».

«Es un decálogo sin ayudas para implantarlo», ha sentenciado Vázquez a preguntas de los medios este miércoles en un acto en Santiago, donde ha criticado una orden que, a su juicio, acarrea una «gran inseguridad jurídica» y provoca la «desprotección» de las Administraciones autonómicas «a la hora de poder estar al lado del ganadero».

Así, la conselleira ha avanzado que, además de recurrir ante los tribunales la prohibición publicada en el BOE el martes y que se hace efectiva este miércoles, la Xunta demandará al Gobierno central que concrete los apoyos económicos a los que podrán optar los ganaderos por los daños que causen los lobos a sus explotaciones.

Y es que, según Vázquez, la entrada en vigor de la nueva norma hace que los planes autonómicos decaigan y, por tanto, también lo hagan las órdenes de ayudas establecidas desde las comunidades.

«Ahora es el gobierno quien debe determinar cómo ayudar al ganadero y quien debe asumir los costes», ha incidido la conselleira, que ha puesto el acento en que tanto las condiciones para la autorización excepcional de batidas como las establecidas para que los ganaderos protejan sus explotaciones «son inasumibles».

Además, ha advertido que el aumento de la población del lobo ante el fin del «control» que hacía de las poblaciones a través de las batidas también tendrá efectos negativos en las razas autóctonas de Galicia, como el caballo gallego o la vaca cachena puesto que la recomendación de que estén acompañados de mastines «es algo inviable».

En este sentido, considera que la entrada en vigor de la orden ministerial, que, según Vázquez, no está «acreditada» por «estudios científicos», deja a las comunidades en «una situación complicada y delicada» y atenta contra la «biodiversidad».

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