Las Fuerzas Armadas han retirado su apoyo a la Policía Nacional y la Guardia Civil en la vigilancia de los puestos fronterizos de España con Francia y Portugal, como en el caso de Galicia, aunque mantienen su presencia en las vallas de Ceuta y Melilla, así como en la vigilancia de infraestructuras críticas y la seguridad de algunas centrales nucleares.

La ‘Operación Balmis’ de lucha contra el coronavirus incluyó la colaboración de los militares con las fuerzas de seguridad para aliviar el trabajo de Policía y Guardia Civil y que sus agentes pudieran dedicarse a otras tareas que ayudaran a evitar la propagación de la pandemia.

Una de estas labores de colaboración fue la vigilancia de las fronteras para controlar que el tránsito de personas cumpliera con las disposiciones del estado de alarma. Esta colaboración tuvo lugar en numerosos puestos fronterizos de Pirineos en la frontera con Francia o de localidades de Galicia, Castilla y León y Extremadura colindantes con Portugal.

El Ministerio de Defensa ha informado este lunes de que ese apoyo ha sido ya retirado a petición del Ministerio del Interior. Pero sí se mantiene la presencia de militares en las fronteras de Ceuta y Melilla y siguen colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la vigilancia de otras infraestructuras críticas.

El cese de esta función se suma a otras tantas actividades que las Fuerzas Armadas han dejado de asumir progresivamente durante las últimas semanas como consecuencia del descenso del número de contagios de Covid-19.

Este lunes el número de militares en las calles es de unos 715 en 27 localidades’, el número más bajo desde que se puso en marcha la ‘Operación Balmis el 15 de marzo. El mayor número de efectivos dedicados a esta labor se alcanzó a principios del mes de abril, coincidiendo con las cifras más altas de fallecidos y los días de mayor congestión del sistema sanitario.

Durante esas semanas las Fuerzas Armadas asumieron la instalación y mantenimiento de hospitales de campaña, el traslado de pacientes entre hospitales y también el traslado de fallecidos a las morgues provisionales habilitadas en la Comunidad de Madrid.