Los ancianos que estaban alojados en las viviendas comunitarias Burón I y II, la residencia privada de A Fonsagrada clausurada por la Xunta, contarán con plaza en un centro público de O Carballiño. El traslado empezará a partir de este martes, siempre y cuando su estado de salud lo permita y las familias de los afectados acepten la propuesta trasladada por la Consellería de Política Social.
Según las fuentes consultadas por Europa Press, todos ellos han dado negativo a las pruebas de la COVID-19, aunque su estado es muy diferente y parte de ellos tendrán que seguir ingresados varios días más en el HULA por estar en peor condición física.
La Xunta ya ha contactado con sus familiares para trasladarles esta posibilidad en la residencia de O Carballiño, donde podrán recibir la atención sociosanitaria que necesitan y un seguimiento individualizado de su evolución.
La denuncia de una persona anónima permitió destapar el maltrato al que se vieron sometidos los residentes del centro privado, que la Consellería de Política Social se vio obligada a clausurar ante la gravedad de los hechos registrados en las instalaciones.
El caso trascendió la pasada semana cuando una persona proporcionó a los servicios sociales del municipio tanto vídeos como material fotográfico de la situación de maltrato en la que se encontraban los residentes, y que permitió elevar el caso a la Xunta y a las propias autoridades.
Esta denuncia fue decisiva para facilitar los elementos suficientes que permitiesen iniciar una investigación sobre el centro, y la inspección por parte de la Xunta de Galicia.
Los efectivos que acudieron a la residencia, tanto del PAC de A Fonsagrada como de la Inspección autonómica, permanecieron allí más de cuatro horas para comprobar el estado de las instalaciones y de los residentes, hasta que se finalmente se decidió decretar la clausura del centro.
HERIDAS DIVERSAS
Los ancianos trasladados al Lucus Augusti, unos 29 residentes, están ingresados en una planta del Hospital Lucus Augusti y algunos presentaban úlceras, llagas o hematomas.
Durante su inspección en la residencia de A Fonsagrada, el departamento dirigido por Fabiola García detectó diversas irregularidades tanto en las condiciones del inmueble como en la atención a los residentes.
En el centro había 29 ancianos a pesar de contar con 23 plazas y estaban en condiciones inadecuadas, lo que motivó la urgencia de las actuaciones desde la Administración gallega para ordenar el cierre inmediato de las instalaciones.
Ante la gravedad de la situación, se remitió un aviso al cuerpo de Guardia Civil y se remitió informe a la Fiscalía ante la posibilidad de que el caso sea constitutivo de «ilítico penal».
La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha defendido la pasada semana la actuación «inmediata» de los servicios de inspección de la administración gallega ante las irregularidades y las malas condiciones en las que se encontraban los ancianos de la residencia privada clausurada este miércoles en A Fonsagrada.
CIERRE CAUTELAR
La Xunta ordenó el cierre cautelar de las viviendas comunitarias Burón I y II tras constatar las condiciones de las personas que residían en estas instalaciones, y trasladó la situación tanto a la Fiscalía como a la Guardia Civil ante la gravedad de la situación y la desatención en la que se encontraban los residentes.
«No podemos ni vamos a permitir cosas como esta. Ante cualquier irregularidad se actuará con toda contundencia», advertía Fabiola García, quien defendió el papel de «tantos trabajadores de residentes de toda España que hacen un trabajo magnífico y no merecen que se dañe su imagen».
«Una cosa es que entre un virus en una residencia que desgraciadamente está llegando a todas partes y ante el que hay que actuar si no se hacen las cosas como es debido; y otra muy distinta es que en una residencia no se esté asistiendo a los mayores con la dignidad que merecen», ha advertido.
