La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y la decana del Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG), Elena Ampudia, han mantenido este lunes un encuentro en el que han manifestado su oposición a la «modificación unilateral» por parte del Gobierno del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, «sin escuchar a comunidades y sectores implicados», así como a que el Ejecutivo central «utilice y desvíe fondos ya asignados y en su mayor parte comprometidos» para financiar «una nueva orden ayudas dirigida a los mismos colectivos vulnerables que se benefician de las ayudas previstas en dicho plan».

Ambas responsables han mantenido este encuentro por videoconferencia para analizar las últimas medidas anunciadas por el Gobierno central en materia de vivienda, así como las acciones adoptadas en este sentido por la Xunta con el fin de «ofrecer garantías desde el punto de vista residencial a los colectivos más vulnerables frente a la actual crisis sanitaria».

Durante la reunión, la decana le ha trasladado a la conselleira la «inquietud» de los arquitectos gallegos y de otros colectivos del sector inmobiliario y de la vivienda ante las «repercusiones que podría acarrear» la aplicación del real decreto de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19.

A modo de ejemplo sobre las posibles consecuencias de esta decisión, ambas responsables han recordado que, que gracias a las subvenciones del Plan de Vivienda, en Galicia se generan cada año cerca de 3.000 puestos de trabajo.

UN «MENSAJE DE TRANQUILIDAD»

Ante esto, la conselleira ha trasladado un mensaje de tranquilidad y ha subrayado que la Xunta tiene intención de seguir destinando los cerca de 42 millones de euros que tiene asignados la comunidad en este plan para los años 2020 y 2021 a las ayudas y a los programas que ya están en marcha, porque «hay unos derechos adquiridos».

En la misma línea, Ángeles Vázquez ha criticado que «confiscar los presupuestos que las comunidades tenían comprometidos en materia de vivienda para poder financiar los programas y las decisiones del Gobierno central no es serio» y, ha advertido, «puede lastrar aun más la economía».

«No podemos decir que 75.000 familias gallegas van a recibir entre 400 y 900 euros mensuales durante varios meses continuados cuando el Gobierno saca una orden sin ningún tipo de financiación», ha subrayado la conselleira.

MEDIDAS DE LA XUNTA

Con el objetivo de que la crisis derivada de la pandemia de coronavirus ocasione el «menor perjuicio posible a la población más vulnerable», la Xunta ha adoptado medidas también en materia residencial, que este lunes la conselleira ha trasladado a la decana del COAG.

Entre ellas, se ha referido a la decisión del Gobierno gallego de asumir el 100% de la renta mensual de los beneficiarios de la ayuda del bono de alquiler social, así como la nueva orden de ayudas específicamente dirigidas a víctimas de violencia de género, dentro del mismo programa, con la que se garantiza que un colectivo «tan sensible como este» mantenga su vivienda en el actual contexto de alarma.