Los trabajadores y las familias de los residentes en los dos centros geriátricos intervenidos por la Xunta a raíz de la crisis sanitaria provocada por la expansión del coronavirus (una en Cangas y otra en el barrio vigués de Barreiro) han denunciado este miércoles la «escasa o nula» información que, desde dichas residencias, se está trasladando tanto a las propias plantillas como a los familiares sobre el estado de los usuarios.
En ese sentido, la secretaria comarcal de CC.OO., Amelia Pérez, que es también familiar de un residente en el centro DomusVi de Cangas (Pontevedra), ha lamentado la «incapacidad de gestión» en esta crisis, que hace que los familiares tarden «días» en tener noticias de los usuarios. «La buena comunicación en estos casos es fundamental, y no peor es tener a las familias en la incertidumbre», ha criticado en declaraciones a Europa Press.
En esa residencia, situada en la parroquia de Aldán, todos los mayores y los trabajadores han sido sometidos a la prueba para confirmar si tienen infección por COVID-19. Fuentes de Política Social han informado de un total de 108 casos positivos en usuarios y 17 en trabajadores, además de un cinco fallecidos hasta el momento.
Una vez intervenido el centro, además de extenderse la realización de pruebas, se ha trasladado allí un equipo médico del hospital Povisa. Igualmente está previsto que este jueves la UME lleve a cabo labores de desinfección en la residencia.
En el caso de Amelia Pérez, su padre, de 87 años de edad, ha sido de los que ha tenido resultado negativo y será trasladado, junto al resto de usuarios sanos, a la Residencia de Tempo Libre de Panxón, que la Xunta tiene en Nigrán.
SIN NOTICIAS DURANTE DÍAS
No ha tenido la misma suerte Pablo Pérez, vecino de Moaña (Pontevedra) y cuya madre, de 93 años de edad, también vive en ese centro. La mujer dio positivo por COVID el pasado lunes, aunque la residencia no se lo comunicó al hijo hasta este miércoles.
«No sabía nada de ella desde la pasada semana. Llamaba todos los días, pero siempre me decían que tenía que esperar a que ellos se pusieran en contacto conmigo, que me informarían, y eso ha sido este miércoles», ha constatado al mismo tiempo que asegura que según la propia residencia, su madre, con patologías respiratorias previas, ya no será trasladada a un hospital, sino que se le darán «cuidados paliativos» en el propio centro geriátrico.
Iria Estévez, responsable de Sanidad Privada de CC.OO. en Vigo, y trabajadora de la residencia DomusVi de Barreiro, ha coincidido en apuntar la «falta de información» sobre la situación, tanto a los trabajadores como a las familias.
En este centro, la intervención de la Xunta se ha traducido en la incorporación de personal de refuerzo del Sergas, pero ha lamentado que esa intervención «llegó tarde». «Una crisis como esta pone de manifiesto que el sistema de residencias privadas es totalmente deficitario», ha subrayado.
Esta trabajadora ha lamentado que las restricciones y la realización de pruebas no hubieran llegado antes, y ha apuntado que, incluso con el estado de alarma vigente, se llegaron a producir visitas en el centro.
RECLAMACIONES SINDICALES
Ante este escenario, sindicatos como Confederación Intersindical Galega (CIG) y Unión General de Trabajadores (UGT) han exigido a la Consellería de Política Social que los test se extiendan a todas las residencias de mayores y Centros de Atención para Personas con Discapacidad (CAPD) públicos y privados.
Ambas fuerzas sindicales consideran que sin estas pruebas no se pueden «tomar las medidas necesarias de estratificación y aislamiento que son precisas» para garantizar la seguridad de las personas. Apuntan a que estos test se extiendan para que en otros lugares «no se comenta» el mismo error que las residencias de la provincia de Pontevedra.
Igualmente, la CIG trasladará a Política Social en la próxima reunión de la Mesa de Trabajo constituida por la Xunta una propuesta para «habilitar» instalaciones hospitalarias privadas o en desuso para atender a los mayores diagnosticados con coronavirus, en lugar de asistirlos en las residencias integradas e intervenidas del Gobierno gallego (en Baños de Molgas, Santiago, Cangas y Vigo).
A su juicio, sería factible utilizar hospitales privados o infrautilizados en lugar de «residencias no adaptadas o precarias sin los adecuados sistemas médicos para el tratamiento de personas mayores enfermas de coronavirus».
