El PP, Vox y Junts han tumbado este martes en el Congreso una proposición de ley de Sumar para prohibir los despidos colectivos a las empresas que trasladen su actividad industrial, productiva o de negocio a territorios que no formen parte de la UE o el Espacio Económico Europeo.

Coalición Canaria se ha abstenido en la votación, mientras que el resto del hemiciclo ha votado a favor, dejando como resultado final 178 votos en contra, 168 a favor y una abstención.

Además de la prohibición de despidos, la propuesta legislativa también quería obligar a las compañías a devolver las ayudas públicas recibidas en los cuatro años previos, así como permitir la participación de los sindicatos en las discusiones y acuerdos que se alcancen en los procesos de venta o transmisión de empresas y unidades productivas.

La portavoz del grupo plurinacional, Verónica Martínez Barbero, ha comparecido después de las votaciones para condenar el voto de «las derechas» en contra de «la industria y los empleos industriales». Ha denunciado que el marco que proponía la ley es uno en el que «nadie debería poder votar en contra», y ha acusado a los partidos que la han tumbado de no querer «hablar de la España real» de la gente trabajadora.

EL PP DENUNCIA QUE ES «DESPROPORCIONADA»

Durante el debate de la iniciativa en el Pleno, la diputada del PP María Isabel Prieto denunció que la propuesta es «desproporcionada» para las empresas, supone una «injerencia» en la capacidad de organización de y «más obligaciones y cargas burocráticas» en su funcionamiento.

Asimismo, Prieto enfatizó que una reforma como la presentada requiere de un acuerdo dentro del diálogo social: «Lo que tienen que hacer es dejar trabajar a las empresas y crear las condiciones para mejorar los derechos de los trabajadores», ha remachado la diputada.

El diputado de Vox Juan José Aizcorbe desdeñó la obligación de devolver las ayudas públicas, pues considera una medida «muy amplia» que puede penalizar decisiones empresariales legítimas, y ha criticado que la iniciativa sólo contemple el caso de deslocalizaciones a terrenos fuera de la UE.

Por parte de Junts, el diputado Josep Maria Cervera criticó a Sumar por tener la «mirada míope» a la hora de defender al trabajador, de manera que «con el comodín de la protección del trabajador», hacen que el marco normativo «sea más rígido».

PSOE, PNV, BILDU, ERC, PODEMOS Y BNG, A FAVOR

Durante el debate, la diputada del PSOE María Luisa Sanz Martínez aseguró que valoraba «favorablemente» la proposición de ley, pero apuntó que la Ley de Industria del Gobierno va «mucho más allá» del contenido de la iniciativa de Sumar.

En su opinión, la propuesta del Ejecutivo que lleva pendiente de aprobación desde la legislatura pasada y que el Gobierno ha sacado de la lista de normas imprescindibles para recibir fondos europeos no sólo pretende paliar los efectos de la deslocalización, sino que también busca mantener y proteger la actividad ya existente y atraer nuevos proyectos, favoreciendo así el empleo y la cohesión social y territorial.

La portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, avanzó su apoyo a que se debata la propuesta en el Parlamento alegando que en Francia y Alemania hay medidas similares y comparten el espíritu de que cuando se destruyen puestos de trabajo el Estado «no puede ser un espectador pasivo».

El portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute, también dijo que apoya la iniciativa, pero instó a ser más ambicioso con la devolución de ayudas públicas y que las empresas que abandonen un territorio devuelvan las ayudas que hayan percibido en la última década, no cuatro años como la propuesta de Sumar.

Tanto el diputado del BNG, Néstor Rego, y el de Podemos, Javier Sánchez Serna, avanzaron su apoyo a la admisión a trámite de la propuesta, aunque consideraron que se queda un poco «escasa» y debería ser más severa contra las empresas que deslocalizan su actividad.

De su lado, el portavoz de asuntos laborales de Esquerra Republicana (ERC), Jordi Salvador, garantizó el voto favorable de su grupo a la ley para terminar con el «abuso de poder» y el «feudalismo moderno» que ejercen las empresas en estos casos.