El Gobierno insta a evitar «conjeturas» sobre la muerte de Diego Bello, el joven coruñés abatido por la Policía filipina el pasado mes de enero, y a esperar el resultado de las investigaciones, como la que realiza la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas y que podría tener un informe en un período de «dos meses».

Así lo afirma en una respuesta a una pregunta del PP formulada en el Congreso a los pocos días de la muerte del joven y a la que ha tenido acceso Europa Press. En ella, señala que «la Embajada de España en Manila no tiene constancia de la existencia de un régimen generalizado de extorsiones» en Filipinas.

Sobre el caso, indica que, desde que sucedieron los hechos, la Embajada y el Consulado General de España en Filipinas estuvieron en contacto «directo y permanente» con la familia del joven coruñés, abatido en una operación policial en la isla de Siargao.

Afirma también que el cónsul general de España se puso, tras los hechos, «inmediatamente en contacto con las autoridades policiales que llevaron a cabo la operación para solicitar información sobrelo sucedido» y explica que, el 10 de enero, se desplazó a Siargao «para reunirse con las autoridades locales y los allegados del español».

«Con el fin de recabar toda la información disponible y solicitar una pronta y diligente investigación policial y forense de la muerte». También afirma que el cónsul general se reunió «con el jefe del operativo policial» que abatió al joven coruñés «quien le dio la versión oficial de los hechos, en la que incluyó acusaciones contra el fallecido de traficar con drogas, portar un arma y de disparar contra la Policía», algo que la familia rechaza.

INVESTIGACIONES

Por otra parte, indica que, en dicha entrevista, «el jefe policialconfirmó la existencia de una investigación de oficio del departamento de asuntos internos de la Policía, cuyas conclusiones aún no se conocen».

Además de las reuniones realizadas para la repatriación del cuerpo, señala que el 24 de enero el embajador de España en Filipinas se reunió «con el secretario de Justicia filipino (ministro de Justicia)» para solicitarle que la Oficina Nacional de Investigación iniciase las pesquisas sobre la operación que acabó con la vidade Diego Bello. De esta investigación, recuerda que «ya está en curso».

Paralelamente, indica que la Embajada de España «está en permanentecontacto con la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CDHF), un organismo oficial creado por la Constitución de ese país independiente de su Gobierno y con el mandato de llevar a cabo investigaciones de posibles violaciones de derechos humanos».

«La CDHF ha desplazado una misión a Siargao para hacer pesquisas y tratar de esclarecer los hechos», asevera el Gobierno, que precisa que esta comisión ha podido entrevistarse «con el equipo médico quecertificó la muerte del español, así como con los miembros del distrito municipal y con la policía que lo abatió».

«La CDHF tiene previsto emitir un informe con sus conclusiones en un período aproximado de dos meses», subraya a este respecto el Gobierno, que afirma que ha habido un contacto «permanente» con la familia y con dos españoles amigos de la víctima, que llegaron poco después del tiroteo al lugar de los hechos, pero que ya no se encuentran en Filipinas.

«Existen investigaciones en marcha para tratar de aclarar los hechos y la gravedad de los mismos aconseja evitar las conjeturas», insiste el Ejecutivo, que añade que la Embajada de España en Manila «no tiene constancia de la existencia de un régimen generalizado de extorsiones que afecte a la colonia de españoles residentes enFilipinas».

RECOMENDACIONES

«Todos los españoles residentes y viajeros en ese país cuentan con un teléfono de emergencias consulares de la Representación española al que pueden llamar para solicitar asistencia o protección consular, en caso de verse en cualquier tipo de situación delicada», recuerda.

Por otra parte, remarca que el Ministerio de Asuntos Exteriores, en sus recomendaciones de viaje a Filipinas, advierte que el Gobierno filipino «ha lanzado una campaña a nivel nacional de lucha contralas drogas» que ha supuesto «un aumento de la violencia», afirma citando, expresamente, la muerte de Diego Bello e instando a «extremar la prudencia».