El Tribunal Supremo deliberará a puerta cerrada a partir de este martes los recursos de casación presentada por los cabecillas de la Gürtel, –Francisco Correa y Pablo Crespo– el extesorero ‘popular’ Luis Bárcenas y el PP como persona jurídica contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en mayo de 2018 que les condenó por la primera época de actividades de la red corrupta. La formación política fue considerada partícipe a título lucrativo y el escándalo acabó propiciando la moción de censura que expulsó a Mariano Rajoy del Gobierno.

Según han informado fuentes jurídicas, el ponente lleva semanas estudiando lo más de 400 motivos expuestos en los 42 recursos de los condenados –tanto personas físicas como jurídicas– y la Fiscalía.

Será este martes cuando el tribunal integrado por el magistrado Juan Ramón Berdugo, que es el presidente y ponente de la sentencia; Antonio del Moral, Andrés Palomo, Susana Polo y Eduardo de Porres, se sienten, a puerta cerrada y en principio sin celebrar una vista, para deliberar sobre los escritos. Las fuentes consultadas apuntan que será poco probable que ese mismo día se conozca el fallo dada la extensión de las alegaciones.

La Audiencia Nacional dictó sentencia el 17 de mayo de 2018 en la que afirmó que en el juicio, que se celebró durante algo más de un año, quedó acreditado que entre 1999 y 2005 (primera época de Gürtel) se tejió entre el grupo de Correa y el PP una estructura de colaboración estable y consistente.

Una red que consistió en la prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido político en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona.

LA CONTABILIDAD OPACA DEL PP

La resolución de la Audiencia Nacional también definió la supuesta contabilidad opaca del PP como «una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes a Luis Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido».

Por todo ello, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a 29 de los 37 acusados en el juicio, entre ellos, al ‘cabecilla’ de la trama Gürtel, Francisco Correa, a 51 años y 11 meses de prisión y al que fuera su ‘número dos’, Pablo Crespo, a 37 años y medio de cárcel.

También a Bárcenas –en prisión provisional– a 33 años y 4 meses, y a una multa de 44 millones de euros; al mismo tiempo que consideró que el PP se había lucrado de los actos electorales de 2003 que sufragaron las empresas del grupo Correa en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, donde se presentaban los exalcaldes Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda (también condenados), por lo que le obligó a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo.

En la lista de condenados se encuentran la mujer del extesorero ‘popular’, Rosalía Iglesias, penada con 15 años y un mes de cárcel, y la exministra de Sanidad y exmujer de Sepúlveda, Ana Mato, quien fue multada con 27.857 en la misma condición que el PP por beneficiarse de regalos, viajes y la organización de eventos familiares como cumpleaños y comuniones de sus hijos por parte de las empresas de Correa.

Mientras tanto, entre los absueltos, figura el que fuera responsable de la red en Valencia, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, que sí está en prisión, junto a los otros dos líderes de la Gürtel, por condenas en otras piezas de esta macrocausa.

La primera época de la trama Gürtel es la segunda pieza que el Tribunal Supremo estudia sobre este caso. Unos días antes de conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional, el alto tribunal confirmó las condenas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por amañar los contratos del ‘stand’ institucional para la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en las cinco ediciones que van desde 2005 a 2009 y por las que los ‘cabecillas’ de la red se encuentran cumpliendo cárcel.

SENTENCIA DE MÁS DE 1.000 PÁGINAS Y 400 MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN

Ahora, los cinco magistrados del Supremo tienen sobre la mesa la primera sentencia que ha dictado la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, una resolución de 1.687 folios. También los numerosos recursos, que entre todos ellos suman más de 400 alegaciones –según apuntan fuentes del alto tribunal–, como el del PP, que pide su absolución porque en dicha sentencia se dio por acreditado la existencia de una ‘caja B’ que aún está siendo investigada por la Audiencia Nacional, una afirmación que llevó a la moción de censura de Rajoy.

De modo alternativo, los abogados del partido sugieren la repetición del juicio pero con diferentes magistrados, pues reprochan que el tribunal que juzgó la Gürtel no tenía «apariencia de parcialidad», ya que, según dicen, uno de los jueces, José Ricardo de Prada, ha «coadyuvado» para el cambio de Gobierno a favor del PSOE.

Añaden que la imparcialidad de este magistrado fue cuestionada con anterioridad por su «conocida amistad» con el ex juez Baltasar Garzón, primer instructor de la trama Gürtel, cuya actuación también fue puesta en duda por varios de los acusados.

La defensa de Bárcenas también ha utilizado este argumento, pues, al igual que la formación política, remitió un escrito al alto tribunal para destacar que este magistrado fue apartado del tribunal que juzgará la presunta existencia de la ‘caja B’, señalándole como autor de las manifestaciones de la sentencia que aludían a la contabilidad paralela, algo que, según destacan, no formaba parte del estricto objeto del proceso, por lo que no eran «absolutamente necesarias».

La actuación en el juicio de otro de los magistrados también ha servido a otras defensas para tratar de anular la condena de sus clientes, como la del que fuera secretario de Organización del PP en Galicia Pablo Crespo, que recientemente envió un escrito a la Sala instando a que tenga en cuenta la investigación que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizó en su día al magistrado Julio de Diego por dormirse durante el juicio, aunque finalmente acordó no sancionarle.