La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha rechazado la propuesta de la Comisión Europea para la Política Agraria Común (PAC) del periodo 2028-2034 y ha reclamado un presupuesto «suficiente y sin recortes», que mantenga su carácter de política común, la estructura de los dos pilares y los fondos específicos para el desarrollo rural.

Además, ha asegurado que la Xunta trabaja desde julio de 2025 para defender los intereses del campo gallego y ha advertido de que el impacto potencial de la propuesta podría alcanzar los 80 millones de euros anuales.

Durante una interpelación del BNG en el pleno del Parlamento, Gómez ha defendido que la posición de la Xunta pasa por evitar que el futuro de las explotaciones gallegas dependa de la capacidad financiera de cada Estado miembro y por impedir que el desarrollo rural pierda peso en las políticas europeas. «No estamos de acuerdo con la propuesta presentada por la Comisión Europea», ha subrayado.

La conselleira ha explicado que la Xunta compareció públicamente el 18 de julio de 2025, un día después de conocerse la propuesta comunitaria, para alertar de una posible reducción superior al 20% de los fondos agrarios y de un impacto potencial de unos 80 millones de euros al año para Galicia, teniendo en cuenta también el efecto de las mayores exigencias de cofinanciación. Ha precisado que esta cifra es una estimación y no una pérdida ya consumada.

Gómez ha defendido que el Gobierno gallego ha buscado una posición común con el sector. Para ello, en enero de 2026 constituyó en el Consello Agrario Galego una comisión específica para analizar la futura PAC y, en febrero, este órgano aprobó un documento de consenso con las organizaciones agrarias que recoge las principales reivindicaciones gallegas: financiación suficiente, mantenimiento de los dos pilares, fondos diferenciados, protección del desarrollo rural y participación de las comunidades autónomas.

La titular de Medio Rural ha señalado que este documento fue trasladado al Ministerio y a las instituciones europeas. En este sentido, ha recordado que el 3 de marzo se desplazó a Bruselas para reunirse con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, al que trasladó la necesidad de adaptar los instrumentos comunitarios a las características productivas y territoriales de Galicia, entre ellas el peso de las explotaciones familiares, los sectores lácteo y cárnico, la dispersión territorial y las zonas con limitaciones naturales.

También ha aludido a las posiciones trasladadas en las reuniones con el Ministerio y las comunidades autónomas, en las que ha reclamado más autonomía para los gobiernos autonómicos en la planificación y gestión de los fondos y la recuperación de los grupos de trabajo para preparar el futuro plan estratégico.

En la conferencia sectorial del 21 de octubre, ha pedido un presupuesto suficiente y que los fondos de desarrollo rural continúen protegidos, además de una moratoria para la entrada en vigor del Cuaderno Digital de las Explotaciones, prevista para el 1 de enero de 2027.

RECLAMA AL ESTADO QUE APROVECHE LAS VÍAS DE FINANCIACIÓN

Gómez ha advertido de que existen dos oportunidades adicionales de financiación que, a su juicio, el Gobierno central no debe desaprovechar: la posibilidad de reservar el 10% del Fondo Único para el desarrollo rural y los 47.000 millones de euros que podrían movilizarse mediante la revisión intermedia de los planes de asociación nacionales y regionales.

La Xunta, ha asegurado, está dispuesta a aportar fondos propios para cofinanciar las medidas necesarias, pero ha insistido en que los recursos autonómicos no pueden sustituir una PAC «suficientemente financiada ni compensar los recortes europeos». También ha responsabilizado al Gobierno central de aprovechar esas vías adicionales y de defender ante la UE las demandas del sector.

BNG PIDE MÁS CAPACIDAD DE DECISIÓN PARA GALICIA

Por su parte, el diputado del BNG Secundino Fernández ha criticado el impacto que, a su juicio, han tenido las políticas agrarias europeas desde la entrada de España en la UE en 1986 y las ha relacionado con la despoblación del rural gallego. Ha apuntado que 250 municipios gallegos han perdido población desde entonces y que más de un tercio de ellos ha sufrido una caída superior al 50%.

El nacionalista ha alertado de que la propuesta para la PAC 2028-2034 contempla una reducción de fondos superior al 20% y ha vinculado este recorte al desvío de recursos hacia el gasto militar.

También ha rechazado la desaparición de los dos pilares de la PAC, financiados hasta ahora a través del FEAGA y el FEADER, y su integración en un fondo centralizado mediante planes nacionales, al considerar que supondría una renacionalización de la política agraria y dejaría las prioridades gallegas en manos de Madrid.

Fernández ha reclamado que Galicia tenga capacidad para definir y adaptar las orientaciones de la futura PAC a su realidad productiva y ha defendido mantener e incrementar la financiación, preservar los dos pilares y priorizar las pequeñas explotaciones familiares, la permanencia en el territorio y el relevo generacional.

En su réplica, ha reprochado a la conselleira que no haya presentado un documento con propuestas concretas de la Xunta sobre cuestiones que considera fundamentales para el sector, como el sistema de ayudas por superficie, la desaparición de los derechos históricos, los límites y la degresividad de las ayudas, la definición de agricultor activo o el apoyo a sectores como el lácteo, el vitivinícola y el de vacuno de carne.

También ha preguntado por las medidas previstas para las zonas con limitaciones naturales, las ayudas agroambientales, la producción ecológica, la incorporación de jóvenes al campo y las inversiones en industria agroalimentaria, innovación y recuperación de tierras. «¿Qué propone la Xunta? No lo sabemos», ha resumido.

GÓMEZ ACUSA AL BNG DE NO EXIGIR AL GOBIERNO CENTRAL

En su intervención de cierre, la conselleira ha reiterado que la Xunta no acepta los recortes presupuestarios, la desaparición de los fondos diferenciados ni un modelo que haga depender las ayudas de la capacidad económica de cada Estado.

Ha asegurado que el Gobierno gallego ha presentado alegaciones a las distintas versiones de los reglamentos europeos desde julio de 2025 y que continuará defendiendo su posición ante el Ministerio y la Comisión Europea.

Además, ha reprochado al BNG que no exija al Gobierno central que defienda los intereses de los agricultores y ganaderos gallegos, y ha insistido en que corresponde al Estado negociar en el ámbito europeo. «Defender Galicia significa también exigir responsabilidades a los que gobiernan en Madrid cuando no están defendiendo nuestros intereses», ha afirmado.