El conselleiro de Sanidade ha defendido que la interrupción voluntaria del embarazo está «totalmente garantizada» en Galicia y ha asegurado que el 99% de estas intervenciones se realizaron en la sanidad pública durante el primer semestre de 2026, frente al 96% registrado en el conjunto de 2025.

Así, ha reivindicado que la Xunta respeta los derechos de las mujeres y cumple la legislación estatal vigente, frente a las críticas del PSdeG, que reclama incorporar expresamente este derecho a la Constitución para protegerlo ante posibles retrocesos.

Durante una interpelación en el pleno del Parlamento gallego, el responsable autonómico de Sanidade ha sostenido que todas las áreas sanitarias disponen de circuitos específicos para atender a las mujeres que solicitan una interrupción voluntaria del embarazo, con acceso a través de los centros de orientación familiar o de los centros de salud.

El recorrido asistencial incluye la evaluación clínica, las pruebas necesarias en el ámbito hospitalario, la realización de la intervención mediante el procedimiento que corresponda y el seguimiento posterior.

Las interrupciones de menos de 14 semanas se realizan habitualmente en hospitales públicos, mediante procedimientos farmacológicos o instrumentales; las que se producen entre las 14 y las 22 semanas se ajustan a los requisitos clínicos previstos en la normativa, mientras que las de más de 22 semanas cuentan con un procedimiento específico y la intervención de los comités clínicos correspondientes.

El conselleiro ha explicado que, cuando las circunstancias organizativas impiden prestar la atención en un dispositivo público o la mujer opta por acudir a un centro concertado, la asistencia también está garantizada y financiada por la Xunta. Ha defendido que el objetivo es evitar que ninguna paciente vea limitado el ejercicio de su derecho por motivos económicos, organizativos o territoriales.

REGISTRO DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA

En cuanto al registro de profesionales objetores de conciencia, ha indicado que la Consellería trabaja en una orden que recogerá los requisitos legales y de protección de datos para su creación. No obstante, ha asegurado que su ausencia actual no está comprometiendo la prestación, puesto que las áreas sanitarias conocen la disponibilidad de los profesionales y organizan la actividad teniendo en cuenta a quienes ejercen este derecho.

A su juicio, el modelo gallego permite compatibilizar el derecho individual de los profesionales a la objeción de conciencia con el de las mujeres a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los plazos legales.

«El registro puede ser útil, pero el elemento determinante es comprobar que una mujer puede acceder a la atención que le corresponde», ha señalado.

PSDEG PIDE GARANTÍA CONSTITUCIONAL

Por su parte, la portavoz de Sanidade del Grupo Socialista, Paloma Castro, ha aclarado que su iniciativa no cuestiona los datos de actividad asistencial ni el cumplimiento de la legislación vigente por parte de la Xunta, sino que busca conocer si el Gobierno gallego apoya que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo quede expresamente recogido en la Constitución española.

Castro ha repasado los avances legislativos en materia de derechos sexuales y reproductivos impulsados por gobiernos socialistas y ha acusado al PP de haber obstaculizado algunas de esas reformas. También ha advertido de que las posiciones de Vox, socio de los populares en distintos gobiernos autonómicos, plantean un riesgo de retroceso, al recordar sus propuestas para derogar la ley del aborto.

La diputada ha aludido asimismo a las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la posibilidad de revisar la legislación en relación con la objeción de conciencia y la autorización parental para las menores de 16 y 17 años.

En este sentido, ha cuestionado qué capacidad real de decisión tendría una adolescente si su entorno familiar se opone a la interrupción del embarazo o si la gestación es consecuencia de una agresión sexual cometida en su propia familia.

«Cumplir una ley mientras está en vigor es una obligación de cualquier gobierno democrático. Defender políticamente que ese derecho quede protegido frente a posibles retrocesos es otra cuestión muy distinta», ha incidido Castro, quien ha preguntado al conselleiro si el PP apoyaría una reforma constitucional para reforzar esta garantía y si puede asegurar que no aceptaría una modificación que limitase el derecho actual.

En su segunda intervención, ha insistido en que no le bastaba con conocer los datos de Galicia, sino que reclamaba un posicionamiento político sobre la protección constitucional del derecho.

También ha defendido que la garantía debe acompañarse de políticas efectivas de educación sexual y ha advertido de que los derechos de las mujeres pueden comenzar siendo cuestionados y acabar limitados mediante obstáculos administrativos y sanitarios o cambios legislativos.

EL CONSELLEIRO REPROCHA AL PSDEG UN DEBATE «POLÍTICO»

En su turno final, el conselleiro ha reprochado a Castro que centrase su intervención en la política estatal, el PSOE, Vox y la reforma constitucional, en lugar de abordar la situación asistencial en Galicia.

Ha considerado que la afirmación de que existe una amenaza para el acceso al aborto en la comunidad es «ridícula» y ha defendido que la Xunta garantiza la prestación en las condiciones establecidas por la ley.

Asimismo, ha cuestionado que el PSdeG invoque la Constitución para reclamar la reforma sobre el aborto mientras, según ha señalado, no exige el cumplimiento de otros mandatos constitucionales, como el deber de presentar los Presupuestos Generales del Estado.

El responsable autonómico ha concluido que la Xunta seguirá cumpliendo la legislación vigente, organizando los recursos y garantizando que las mujeres puedan ejercer su derecho con seguridad y atención sanitaria.

«Lo importante no es quién pronuncia la declaración política más rotunda, sino si una mujer que decide interrumpir voluntariamente su embarazo puede ejercer este derecho», ha afirmado.