El Sindicato Profesional de Policía, organización sindical representativa de las Escalas de Dirección, Mando y Supervisión de la Policía Nacional, ha culpado a la Delegación y a la Subdelegación de los incidentes ocurridos en la ciudad de A Coruña, con posterioridad a un acto de Vox, al tiempo que exigen «autocrítica» y «responsabilidades políticas al máximo nivel».

Fue con cargas policiales y lanzamiento de piedras y sillas por parte de algunos manifestantes en la convocada contra los fascistas por la mañana y con posteriores altercados en la secundada a la tarde contra la ‘represión policial’.

En un comunicado, el Sindicato muestra «su más enérgica condena y profunda indignación ante los gravísimos altercados acaecidos en el día de ayer en la ciudad de A Coruña, así como ante la inadmisible inactividad e irresponsabilidad demostrada por la Subdelegación del Gobierno en A Coruña y la Delegación del Gobierno en Galicia».

«Es absolutamente intolerable que, conociéndose de antemano la coincidencia temporal y espacial entre la concentración convocada por Galiza Nova y la mesa informativa organizada por Vox en la Plaza de María Pita, las autoridades gubernativas decidieran ignorar los evidentes riesgos para la seguridad ciudadana».

«La consecuencia directa de esta desidia gubernativa fue el estallido de una violencia desmedida e injustificada que se cobró un trágico balance de 17 agentes de la Policía Nacional heridos de diversa consideración, además de cuantiosos destrozos en el patrimonio público y privado», sostiene.

«Una vez más, los miembros de la Policía Nacional fuimos utilizados como la última línea de defensa de la democracia y la convivencia, viéndonos obligados a actuar como auténticos escudos humanos para proteger a los ciudadanos, el derecho a la libre expresión y las instituciones frente a aquellos violentos que solo buscan imponer el desorden y el terror en las calles», añade.

«Los policías no somos material de desecho ni parapetos a disposición de decisiones políticas irresponsables», argumenta para denunciar «falta de previsión» y «negligencia administrativa» que convierten, indican, su trabajo, «en una trampa mortal».