La escritora, sociolingüista y profesora Pilar García Negro participa en Barcelona en la actualización de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos (DUDL), 30 años después de participar en su redacción original.

Un proceso que cuenta con la colaboración y apoyo de A Mesa Pola Normalización Lingüística, que recuerda que esta declaración fue aprobada por unanimidad por el Parlamento de Galicia y fue clave, también, en la elaboración del protocolo y de la ILP Lingua Vital.

El Institut d’Estudis Catalans (IEC) acoge este jueves y viernes la primera reunión de los comités internacionales encargados de esta revisión, en los que participan 40 especialistas de diversas procedencias y disciplinas que serán los encargados de establecer los criterios y la metodología de trabajo para renovar este texto de referencia internacional, proclamado también en Barcelona en otoño de 1996.

Tal y como ha destacado A Mesa en un comunicado, García Negro interviene en el comité de revisión, del que también forman parte, entre otros, Fernand de Varennes, antiguo relator especial de las Naciones Unidas en cuestiones de minorías, y los sociolingüistas Joan Pujolar y Virginia Unamuno.

Este comité funciona en paralelo al de redacción, en el que figuran la lingüista india Anvita Abbi; la presidenta de la Red Europea para la Igualdad Lingüística, ELEN, Elin Haf Gruffydd Jones; la especialista en lenguas indígenas del Ártico Lenore A. Grenoble; y el lingüista uigur Abduweli Ayup.

La actualización, impulsada por el Centro Internacional Escarré para las Minorías Étnicas y las Nacionales (CIEMEN) y el PEN Català, pretende adaptar el marco internacional de protección de los derechos lingüísticos a los retos sociales, políticos y tecnológicos del siglo XXI.

La reunión de Barcelona marca el inicio de la fase de trabajo experto sobre el texto, después de la presentación pública del proyecto el 15 de abril de 2026 y de la apertura del período de recogida de aportaciones.

El director del CIEMEN, Jordi Garrell, considera que actualizar la Declaración es «una oportunidad para hacer frente a esta tendencia homogeneizadora y reforzar la protección de la diversidad lingüística».

Garrell, conforme indica A Mesa, también destaca la necesidad de que el texto de respuesta a ámbitos como las redes sociales, las plataformas digitales, la investigación, y que garantice el papel de las lenguas propias de cada comunidad en la educación.

La Declaración, añade, debe proporcionar herramientas técnicas y doctrinas para que los estados, las comunidades y las entidades puedan defender y hacer efectivos estos derechos.

Por su parte, el miembro del Comtié de Derechos Lingüísticos del PEN Catalá, Joan Ferrarons, explica que el objetivo es llevar el texto a las Nacionales Unidas y que se convierta en un instrumento legal vinculante internacional.