La Asociación de Mineiros de Touro-O Pino ha expresado su desacuerdo con las últimas declaraciones de la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, sobre la mina y la ha acusado de trasladar a las instituciones europeas «datos falsos, cifras sin justificar y una imagen de rechazo social que no se corresponde con la realidad de la comarca».

En un encuentro el martes con los máximos responsables sobre proyectos estratégicos de la Dirección General de Mercado Interno, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea, Miranda les trasladó, entre otros asuntos, que «no contaron con toda la información» para tomar la decisión de considerar el proyecto de reapertura como proyecto estratégico.

La agrupación minera considera que esta afirmación es «insostenible», dado que, según recogen, organizaciones ecologistas, plataformas contrarias al proyecto y formaciones políticas como el mismo BNG «llevan desde 2018 trasladando peticiones e iniciativas de control a las instituciones comunitarias».

La asociación sostiene que la Comisión Europea «conocía todo esto» cuando la pasada semana decidió incluir el de Cobre San Rafael en su lista de 46 proyectos estratégicos al amparo del Reglamento de Materias Primas Críticas (CRMA). «Pretender ahora que Europa no sabía lo que aprobaba es una falta de respecto a la propia Comisión y a sus técnicos», recalca.

También rebate a Miranda en cuanto a las cifras aportadas. Por un lado, asegura que las explotaciones agrícolas y ganaderas documentadas en el entorno son aproximadamente 10 y exige saber de dónde procede el dato dado por la eurodiputada, que dijo que habría en torno a 200 afectadas. Por otro, la acusa de «ocultar deliberadamente» que hubo «más de 6.000 alegaciones favorables» cuando mencionó que existen 1.500 alegaciones contrarias.

«Lo que tampoco explica es que los pasivos ambientales que tanto preocupan llevan décadas sin solución, con gobiernos de todos los partidos», continúa la asociación, que se muestra «convencida» de que el proyecto de Cobre San Rafael es la «única vía real y financieramente viable» para «remediar» los mismos.

En este contexto, pide a Ana Miranda y a cualquier representante político que se dirija a las instituciones europeas que lo haga «con datos verificables y no con cifras inventadas». «La comarca merece respeto. Sus vecinos merecen información rigurosa. Y los más de 1.800 socios de esta asociación merecen que su voz se escuche con tanta fuerza como la de quien dice hablar en nombre de todos», concluye.