El secretario xeral de Vivenda, Heriberto García, ha defendido que desde el departamento autonómico han celebrado un total de 78 reuniones con personas afectadas por los Proyectos de Interés Autonómico (PIA), mientras que la oposición ha criticado la estrategia autonómica

En una comparecencia en la Comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, el responsable autonómico ha asegurado que seguirán reuniéndose «las veces que haga falta» con los vecinos afectados para tratar de «buscar soluciones a los problemas que surjan» y ha pedido que no se acuse a la Xunta «de falta de diálogo».

Además, ha detallado que, de esas 78 reuniones, 45 se realizaron de manera individual con propietarios de viviendas y otras 33 de carácter colectivo, en la que participaron propietarios de suelo y viviendas, empresas y representantes.

En estos momentos, tal y como ha expuesto, la Xunta impulsa 13 proyectos de interés autonómico en 12 ayuntamientos, una iniciativa que, ha remarcado, busca desbloquear ámbitos previstos en el planeamiento urbanístico que permanecían sin desarrollarse durante años.

De los 13 PIA en tramitación, siete cuentan ya con la aprobación inicial: Monte Mero, en A Coruña; Sagrado Corazón, en Lugo; Escorial-Vinteún, en Ourense; Ofimático, en Vigo; A Baiuca-Penouqueira, en Arteixo; San Mauro, en Pontevedra; y Mallou, en Santiago.

La previsión, ha asegurado García, es licitar las obras de urbanización en 2027. Al mismo tiempo, los otros seis proyectos se encuentran en distintas fases de tramitación en los ámbitos de Cantabria-Ramón Nieto-Santa Cristina, en Vigo; Vilagarcía de Arousa; Marín; O Porriño; Ribadeo; y Cangas.

Tras iniciar su intervención reivindicando que «sin suelo disponible, urbanizado y preparado para construir no puede haber una respuesta al problema de la vivienda», el secretario xeral ha insistido en que se necesita suelo «en el que se pueda construir a precios accesibles y que sea de forma permanente». «El suelo urbanizable no puede permanecer indefinidamente sin desarrollar cuando existe una necesidad social», ha subrayado.

DIÁLOGO Y SOLUCIONES

En esta línea, Heriberto García ha explicado que la actuación distingue entre terrenos sin edificar y viviendas u otras edificaciones existentes, «con garantías y compensaciones previstas en la normativa».

En concreto, en los ámbitos de San Mauro (Pontevedra), Sagrado Corazón (Lugo) y Escorial-Vinteún (Ourense), según ha indicado el responsable de Vivenda, «ya se reguló el procedimiento de participación de los propietarios de los terrenos», lo que permite que puedan intervenir en el desarrollo y recibir parcelas resultantes.

En el caso de las viviendas existentes, ha expuesto que el Gobierno gallego analiza individualmente las distintas situaciones: las que sean residencia habitual de sus propietarios, se contemplan alternativas como una vivienda de sustitución promovida por la Administración o el pago del ‘justiprecio’, con la posibilidad de acceder a una parcela para construir una nueva vivienda; cuando no se trata de residencia habitual, se prevé el pago del justiprecio y la posibilidad de acceder a una parcela dentro del ámbito.

Además, García ha pedido al Gobierno que agilice los informes sectoriales necesarios para avanzar en la tramitación de algunos ámbitos, entre ellos, los relacionados con carreteras y confederaciones hidrográficas.

OPOSICIÓN

Frente a ello, el diputado de PSdeG Aitor Bouza ha lamentado que el diálogo reivindicado por García «no es suficiente» si las personas afectadas por los PIA «no están conformes» y lo ha instado a acudir a las protestas de vecinos de Mallou, en Santiago.

En esta línea, el parlamentario socialista ha acusado a la Xunta de «invitar» y hacer «pagar a los vecinos de cada uno de los polígonos de viviendas que quieren hacer en Galicia».

Además, ha reprochado al secretario xeral que hayan puesto en marcha una estrategia en este ámbito ahora y no durante los anteriores años de mandato. «¿Ahora prometen 25.000 viviendas, pero cuántas hay después de dos años y medio?», ha cuestionado.

Del mismo modo, Alexandra Fernández (BNG) ha asegurado que los nacionalistas no pueden compartir «esta forma de planificar» porque, ha añadido, «es lamentable».

Por ello, ha vuelto a poner encima de la mesa la apuesta del BNG por un plan sectorial de vivienda que «calibre hacia dónde se quiere ir» y «cómo actuar en los ámbitos urbanos». Y es que, para Fernández, concentrar «20.000 viviendas nuevas en 11 ayuntamientos es volver al modelo de los 80, de crear macropolígonos dormitorios».

Además, tanto Bouza como Fernández han preguntado al responsable autonómico por cifras concretas respecto a cuántas de las viviendas protegidas autonómicas anunciadas se destinarán a alquiler y cuántas a venta.

Por su parte, Moisés Rodríguez (PPdeG) ha celebrado que la Xunta apueste por «disponer de suelo urbanizable» y ha agradecido al secretario xeral que «colaboren con los PIA para dar soluciones». «Sin suelo no hay vivienda», ha reivindicado antes de poner en valor «medidas de agilización administrativa».

Por último, Heriberto García ha insistido en que, si los informes estatales «lo permiten», las obras de urbanizaciones puedan ejecutarse en 2028.