La implantación de la accesibilidad cultural en Galicia es «parcial y desigual» y solo una de cada cuatro entidades conoce la Ley de Cultura Inclusiva, según se desprende del último informe al respecto elaborado por el Consello da Cultura Galega (CCG).

‘Accesibilidad cultural en Galicia. Diagnóstico de las prácticas, capacidades y necesidades del sector’, ha sido presentado este jueves en la sede del Cegadi por la presidenta del CCG, Dolores Vilavedra, y por el coordinador del documento, Häkan Casares, así como por el presidente del Cermi, Ramón Sestayo.

Según el estudio, la accesibilidad física es la medida más extendida en el sistema cultural, mientras que la comunicación accesible, los formatos adaptados, los protocolos internos y la inclusión laboral tienen una presencia menor.

Entre las necesidades, el estudio señala que las entidades demandan financiación, pero también asistencia técnica, formación y recursos prácticos para convertir las actuaciones puntuales en una accesibilidad más transversal.

Los datos reflejan que el 80,3% de las entidades consultadas declara tener implantada alguna medida de accesibilidad, pero sólo el 29,2% dispone de tres o más medidas. Al mismo tiempo, apenas el 24% afirma conocer la Ley de cultura inclusiva y accesible de Galicia y disponer de la información que le compete.

Según el documento, el reto es «ordenar, ampliar y acompañar» las prácticas que ya existen para que la accesibilidad «no dependa únicamente de la experiencia, de la buena voluntad o de las posibilidades particulares de cada organización».

REALIDAD DIFERENTE EN DISTINTOS ÁMBITOS

Además, la presencia de la accesibilidad también varía según el tipo de actividad cultural. Los museos y los centros museísticos son los que declaran un mayor contacto con públicos con necesidades de accesibilidad: el 93,9% recibe estos públicos por lo menos ocasionalmente y el 61,2% lo hace habitualmente o casi siempre.

También presentan valores elevados las librerías, las artes escénicas, la educación cultural, las fundaciones y asociaciones culturales y las bibliotecas. El informe advierte, sin embargo, que estos datos miden el contacto declarado con los públicos y no el grado de accesibilidad de cada sector.

Las medidas más visibles y asociadas a la adaptación de los espacios son las más extendidas. La accesibilidad física está presente en el 57,6% de las entidades, seguida de la web o comunicación accesible, con un 39,9%, y de los formatos accesibles en los contenidos, con un 35%. Tienen menor presencia los protocolos o guías internas para el personal, con el 25,3%, y las medidas de inclusión en el empleo, con el 20,3%.

El informe constata también que la capacidad organizativa condiciona la implantación de las medidas. Entre las entidades con una o dos personas empleadas, el 20,7% declara contar con tres o más medidas, frente al 47% de las que tienen más de diez personas empleadas.

El coste o financiación es la principal dificultad señalada por las entidades para avanzar en accesibilidad, con un 31,7%, seguido de las limitaciones de los espacios o infraestructuras, con un 26,9%, y de la falta de conocimiento técnico o de proveedores especializados, con un 16,1%.

En consecuencia, las entidades demandan principalmente ayudas económicas (42,8%), pero también asistencia técnica o acompañamiento (19,9%) y formación y recursos prácticos, como guías o protocolos (19,1%).