El PP ha denunciado que el Gobierno pretende «hacer caja» de los ayuntamientos de Lugo por obras de abastecimiento, saneamiento y depuración realizadas por la Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS), en el marco de convenios firmados antes de mayo 2023, y de haber «cambiado las reglas del juego a posteriori».

El PP ha recordado que en mayo de 2023 se aprobó la norma que aplica el pribcipio de recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua. Según ha apuntado la diputada Cristina Abades, «el Gobierno está girando a los ayuntamientos liquidaciones, en algunos casos de cuantías considerables, en concepto de Tarfia de Utilización del Agua por obras ya ejecutadas de acuerdo a unos convenios anteriores», convenios que no contemplaban esa carga económica.

Abades ha recordado que los ayuntamientos no podía prever esta «factura sorpresa» en sus presupuestos, precisamente, porque «no estaban previamente pactadas». «Es un auténtico disparate que se pretenda ahora cambiar las reglas del juego y obligar a los municipios a afrontar una tasa periódica durante los próximos 25 años», ha añadido el senador José Manuel Balseiro.

Ante este «tasazo», los ‘populares’ reclamarán explicaciones al Gobierno en el Congreso y en el Senado, e información sobre los criterios que usa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para calcular esa Tarifa de Utilización del Agua.

Abades y Balseiro han advertido de que una administración no puede cambiar «unilateralmente» las condiciones económicas de una actuación cuando ya está ejecutada. «Los convenios están para cumplirlos (…), no para cambiar las condiciones a posteriori», ha incidido, al tiempo que han señalado que esta carga «privará a los ayuntamientos de dirigir esos fondos a la prestación de sus servicios públicos».

Entre los ayuntamientos afectados, han puesto el ejemplo de Sarria. Así, se aprobó para 2026 una cuantía de 51.000 euros en concepto de Tarifa de Utilización del Agua para este municipio, derivada de las actuaciones de mejora realizadas en el saneamiento y en la EDAR en base a un convenio firmado en 2019.

En el caso de Vilalba, por un convenio firmado en 2022 para mejoras de abastecimiento y saneamiento, la factura ascienda para este año a 48.000 euros; mientras que la cuantía a cobrar este año al Ayuntamiento de Pedrafita do Cebreiro es de 30.700 euros por obras contempladas en un convenio firmado en 2022.

En el Ayuntamiento de Lugo, la factura asciende a 16.500 euros (por obras para reducir el riesgo de inundación en el río Rato en el entorno de la glorieta de Serra de Meira, de un convenio de 2021); la factura del Ayuntamiento de Meira es de más de 12.000 euros; y el cobro al Ayuntamiento de Monforte de Lemos asciende a 88.000 euros por obras de mejora del saneamiento y depuración.

La situación se repite, denuncia el PP, en municipios como Xermade, Guitiriz, Baralla o Folgoso do Courel. En el caso concreto de Baralla, los representantes ‘populares’ han explicado que la CHMS reclama en 2026 casi 4.700 euros de Tarifa por la construcción de un azud desmontable en el río Neira. El convenio, firmado en 2020, establecía que la CHMS financiaba el 80% y el Ayuntamiento el 20% restante, que «ya fue liquidado, sin que figurase entonces la obligación de asumir esta tasa».

Y en el caso de Folgoso, las obras de saneamiento del núcleo de Sobredo fueron financiadas al 100% por la Confederación «y ni en el convenio firmado en 2018 ni en el momento de ejecutar la actuación estaba prevista esa carga económica». Ahora, denuncian, la administración central «pretende establecer una tarifa periódica durante 25 años y ya se aprobó para 2026 una cuantía próxima a los 4.500 euros».

El PP ha exigido al Gobierno de España «que rectifique y respete los compromisos adquiridos con los municipios». «Si una tasa no estaba prevista cuando se firmó el convenio y se ejecutó la obra, lo que no se puede hacer es inventar ahora una factura para los próximos 25 años», han sentenciado.