El responsable de la Secretaría de Acción Sindical do Sindicato Labrego Galego (SLG), Brais Álvarez, y el presidente del Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra, António Lombardía, han coincidido en la necesidad de impulsar la mejora de la DO.
Tal y como se expone en una nota de prensa, ambos representantes mantuvieron un encuentro, en el que también participaron el viticultor de Pantón y nuevo responsable del Sector del vino del sindicato, David Álvarez, y la secretaria xeral del SLG, María Ferreiro, para analizar la perspectiva de cara a la próxima campaña de vendimia.
Durante el encuentro, trasladaron perspectivas «positivas» sobre la evolución del sector tras la «grave crisis» que atravesó a la DO en el año 2024, confirmando una «clara sintonía» entre dos organizaciones sobre los pasos siguientes para consolidar la estabilidad del viticultor.
En este punto, el SLG ha valorado las decisiones implementadas por el Consello Regulador durante los últimos meses, señalando que la reducción de cupos a 7.500 kilos por hectárea y la implantación de ayudas destinadas a la conservación del paisaje fueron «determinantes» para normalizar la situación de la DO. «Muchas de estas medidas se consiguieron también a través de la movilización que realizó el sector», ha reconocido.
«Tenemos sintonía clara: el Consello Regulador tiene establecido de forma resoluta que debe haber estabilidad para quien produce la uva, más allá de las dinámicas de mercado que a menudo trabaja en contra del productor», ha afirmado Brais Álvarez.
Entre los temas abordados, se ha identificado como «fundamental» es la «necesidad» de que la DO Ribeira Sacra impulse una «fuerte promoción» de la propia marca para poder competir en igualdad de condiciones en el mercado actual.
Además, también han abordado la cuestión de los drones para el sulfatado de fitosanitarios. Tanto SLG como el Consello Regulador han defendido que el marco normativo existente permitirá su aplicación en los viñedos de la Ribeira Sacra, pero es necesaria una autorización que compete exclusivamente al Ministerio de Agricultura.
En este sentido, el Consello Regulador ha indicado que está trabajando con la Xunta para «ejerce presión» ante el Ministerio con la «finalidad» de alcanzar una autorización de esta tecnología, mientras que el SLG se ha comprometido a continuar verificando si la Xunta el está trasladando este asunto de forma efectiva a los órganos correspondientes en Madrid.

