El portavoz de Sanidade del PSdeG, Julio Torrado, y el eurodiputado Nicolás González Casares han avanzado este viernes que los socialistas harán una pregunta parlamentaria en Bruselas sobre el plan de control de las bajas de la Xunta, a quien ha acusado de «mentir» a este respecto.
Según ha denunciado Torrado, el Gobierno gallego «intenta condicionar una decisión clínica en base a un criterio economicista» y, además, ha añadido, «de terceros». «Es entre asombroso y ruborizante», ha lamentado.
Así, ha puesto el foco en que haya personas que «tienen que esperar 20 días para una cita» y esa cuestión «no ha sido problema para el PP hasta ahora», que considera, en su opinión, que «hay un problema porque se tarda mucho en dar de alta a los trabajadores», lamentando que «ahora sí reconoce que hay un problema en el sistema sanitario».
En este punto, el parlamentario socialista ha señalado «dos falsedades» de la Xunta a este respecto. En primer lugar, ha indicado que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) «ya lo hace así», lo que, tal y como ha subrayado, «es literalmente mentira» porque el INSS «financia para que los profesionales puedan atender antes, para que las pruebas que tienen que ver con la evaluación de los trabajadores se puedan hacer antes, pero no se condiciona la decisión clínica».
Por otro lado, ha negado que «los incentivos» a profesionales sanitarios para agilizar las bajas ya figurasen en los objetivos marcados para el año pasado. «Es directamente mentira», ha insistido mientras mostraba el documento en el que se recogían los objetivos para 2025.
CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA MARCO
Por su parte, el eurodiputado del PSdeG Nicolás González Casares ha advertido de un «posible incumplimiento de la directiva marco de seguridad y salud en el trabajo» por parte de la Xunta con lo que ha calificado de «incentivo perverso».
En esta línea, ha señalado que se está «si no burlando, rozando los límites de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea». También ha apuntado que, a su juicio, existe un conflicto «muy claro» entre la protección de la seguridad y la salud en el trabajo y «la presión» sobre los médicos.
«Ante esto, no vamos a permanecer callados. Haremos una pregunta parlamentaria sobre lo que está haciendo la Xunta sobre los derechos fundamentales y la directiva marco de salud en el trabajo», ha sostenido.
«ACELERA EL TRABAJO»
A este respecto, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alberto Pazos, a preguntas de los medios, ha defendido que «ningún gobierno responsable deba perseguir otro objetivo que que los enfermos sanen lo antes posible». Para el portavoz popular, sería «escandaloso» que «alguien presumiese de lo contrario».
«Es un incentivo que busca simplemente acelerar el trabajo de la propia administración para garantizar que cuanto antes las personas puedan incorporarse en plenas facultades a su trabajo», ha remarcado.
Además, ha insistido en que se intenta «aligerar la carga burocrática y que las mutualidades hagan su trabajo», aunque, ha añadido «si hay una mínima disonancia», la última palabra «la tendrán los responsables de la sanidad pública».
