El Parlamento gallego ha rechazado una moción del BNG que reclamaba ampliar la red pública de atención a la dependencia mediante nuevas plazas residenciales y de centros de día, más financiación para el Servicio de Axuda no Fogar (SAF) y la creación de nuevos recursos para las personas dependientes y sus cuidadores.

La iniciativa, defendida por la diputada nacionalista Olalla Rodil, proponía también abrir el Centro de Cuidados Intermedios de Santiago, ubicado en el Cegadi, impulsar un centro de atención nocturna para personas que necesitan supervisión durante esas horas y crear un servicio dirigido a apoyar a las personas cuidadoras no profesionales.

Aunque ha contado con los votos a favor del BNG, que se han sumado a los del grupo proponiente, el grupo popular ha votado en contra.

En su intervención, Rodil ha denunciado que más de 4.000 personas tienen reconocidas horas de ayuda en el hogar que no reciben y que existen esperas para acceder a plazas residenciales y centros de día. También ha criticado que la Xunta apueste por prestaciones económicas de unos 400 euros mensuales frente a la ampliación de los servicios profesionales.

A su juicio, el modelo del Gobierno gallego es «asistencialista» y «privatizador», y descarga en las familias, especialmente en las mujeres, la responsabilidad de los cuidados. Ha cuestionado además que el plan anunciado por la Xunta para crear 25 residencias y 1.800 plazas no cuente con compromisos presupuestarios específicos para 2027.

La diputada ha defendido que la Administración debe liderar una red pública que garantice derechos y corresponsabilidad social. Entre sus propuestas figura reforzar la financiación del SAF para mejorar su calidad, atender a las personas que tienen horas reconocidas y aliviar la situación económica de los ayuntamientos.

EL PSdeG APOYA LA INICIATIVA

La diputada socialista Silvia Longueira ha anunciado el apoyo de su grupo a la moción y ha coincidido en reclamar una planificación estratégica de los servicios sociales, pendiente, según ha señalado, desde la aprobación de la ley gallega de 2009.

Longueira ha criticado que la Xunta priorice las prestaciones económicas frente a los servicios profesionales y ha denunciado la falta de plazas y de personal en la atención a la dependencia. También ha cuestionado la situación de las residencias, la atención a las personas con discapacidad y las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

Considera que el sistema carece de planificación para responder al envejecimiento de la población y garantizar una atención adecuada, mientras las familias asumen buena parte de los cuidados.

EL PP DEFIENDE EL MODELO DE LA XUNTA

Por su parte, la diputada del PPdeG Raquel Arias ha rechazado las críticas de la oposición y ha defendido que Galicia cuenta con más de 100.000 personas atendidas en el sistema de dependencia y más de 19.000 plazas residenciales sostenidas con fondos públicos.

Ha destacado el plan de nuevas residencias, con 1.800 plazas, y el incremento de la financiación del SAF, cuyo precio por hora ha pasado de 12 a 18 euros en el acuerdo con la Fegamp. También ha defendido el Bono Coidado no Fogar como una prestación que permite a las familias elegir cómo atender a sus mayores.

Arias ha atribuido parte de las dificultades del sistema a la financiación estatal y ha reclamado al Gobierno central que cumpla con la aportación del 50% prevista en la ley de dependencia.

Además, ha acusado al BNG y al PSdeG de cuestionar las medidas de la Xunta mientras, según ha señalado, mantienen modelos de gestión privada en servicios sociales de territorios donde gobiernan.

RODIL REIVINDICA MÁS SERVICIOS PÚBLICOS

En su cierre, Rodil ha agradecido el apoyo socialista y ha defendido que una mayor representación del BNG en las Cortes ha permitido incrementar la financiación estatal para dependencia destinada a Galicia. Según ha indicado, el proyecto presupuestario contempla 137,6 millones más y el aumento entre 2026 y 2027 alcanza los 270 millones.

La diputada ha reprochado al PP los recortes aplicados cuando gobernó en el Ejecutivo central y ha insistido en que las ayudas de unos 400 euros no garantizan una atención digna.

Ha citado datos sobre la situación de las personas cuidadoras, entre ellos que dos de cada tres declaran sufrir estrés, y ha defendido que la moción buscaba mejorar sus condiciones y garantizar más servicios y plazas públicas para las personas dependientes y con discapacidad.