El Consejo de Ministros, a propuesta también del Ministerio de Igualdad, ha acordado este martes autorizar la distribución de casi 180 millones de euros a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla, destinados a la lucha contra la violencia de género.

Según ha informado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el reparto de las cuantías se concretará en la próxima Conferencia Sectorial de Igualdad, prevista para el próximo 15 de abril.

De la cifra total, 160 millones de euros están destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado en 2025. Se dedicarán, por tanto, a financiar proyectos o programas de lucha contra la violencia de género que deberán ser promovidos por las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en el ámbito de sus competencias, a lo largo de 2026.

La asignación de los fondos se plantea mediante diferentes variables y ponderaciones sobre datos de cada una de las comunidades o ciudades autónomas y que tienen en cuenta cuestiones como la insularidad, si se trata de una ciudad fronteriza, la distribución de mujeres y, en especial, de las de más de 65 años, las mujeres extranjeras, las que presentan alguna discapacidad, mujeres paradas o con trabajos temporales; la densidad de población o la población rural.

Finalmente, el Consejo de Ministros también ha acordado la distribución de los 19,8 millones restantes para distintos programas y planes autonómicos destinados a las víctimas de violencia de género y de violencias sexuales.

En concreto, esta cuantía, recogida en el presupuesto de gastos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG), financiará cuatro tipos de programas para su desarrollo a lo largo de 2026. De esta forma, 8,5 millones corresponderán a programas para la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres, un millón irán a programas para la implementación de planes personalizados, 9,5 millones para programas de apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales y los 800.000 euros restantes serán para programas de prevención de abusos sexuales en menores tuteladas.