El Tribunal Supremo ha librado oficio para que la Subdirección General de Coordinación Jurídica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones active el sistema para regular la jubilación anticipada de los agentes de la Policía Nacional encuadrados en el régimen de la Seguridad Social, igualando condiciones con policías autonómicas y locales.

En un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con fecha de 25 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados instan al Ministerio que dirige Elma Saiz a que «siga con la mayor celeridad los trámites necesarios para el total cumplimiento del fallo» emitido por este mismo órgano judicial el 21 de mayo de 2025, dando un plazo de un mes para «lograr la efectividad de lo mandado».

En un comunicado, Jupol ha reaccionado a este auto celebrando que el Supremo haya activado la «ejecución forzosa» para que el Gobierno elabore la disposición reglamentaria que permita aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación a los policías nacionales integrados en el Régimen General de la Seguridad Social, «en igualdad con Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral y Policías Locales».

El sindicato policial celebró como una «victoria histórica» la sentencia del Supremo que beneficia a los policías que accedieron a este Cuerpo a partir de 2011, es decir, todavía una minoría con respecto al grueso de la plantilla de más de 70.000 agentes, la mayoría cotizantes a través de clases pasivas.

«ABRE EL CAMINO»

Para Jupol, esta decisión judicial «abre el camino» para la consecución de la jubilación anticipada en las mismas condiciones que el resto de policías en España, ya que interpretan que en el futuro podrán beneficiarse «todos los policías nacionales y guardias civiles».

«Se pone fin a una injusticia discriminatoria que nos dejaba fuera del derecho a jubilarnos en condiciones dignas como el resto de policías de España», ha señalado el secretario general de Jupol, Aarón Rivero.

En su auto, los magistrados del Supremo ponen de relieve que la Administración «ha desplegado una actividad efectiva en aras a la ejecución de la sentencia, sin que haya finalizado, tratándose de una ejecución compleja».

En este sentido, recuerdan que el 5 de julio de 2025 se abrió el trámite de consulta pública, mediante su publicación en el portal web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y en el que se registraron 1.284 aportaciones para la tramitación de la norma reglamentaria.

Sin embargo, Jupol ha afeado que el Gobierno no quiera cumplir con el fallo judicial. «Aquí no hay un simple retraso administrativo, lo que estamos viendo es una resistencia evidente a cumplir una sentencia del Tribunal Supremo», ha terciado Aarón Rivero.