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Diputados del PP de Lugo y Ourense exigen al Gobierno un plan de choque urgente ante el «riesgo» de la N-120

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Diputados del PP en el Congreso por las provincias de Lugo y Ourense han exigido al Gobierno del Estado un plan de choque urgente ante el «riesgo» de la carretera N-120.

Así lo reclaman en una iniciativa registrada en la Cámara baja los ourensanos Celso Delgado, Ana Vázquez, Rosa Quintana de forma conjunta con los parlamentarios lucenses Francisco Conde, Jaime de Olano y Cristina Abades.

Los populares denuncian que esta vía, esencial para la comunicación entre Ourense y Lugo, se encuentra «en un estado de abandono que pone en riesgo la seguridad viaria de los usuarios».

Así, tal y como han informado en un comunicado, la carretera N-120 carece de cualquier alternativa de alta capacidad en el tramo que va desde la ciudad de Ourense hasta el límite con la provincia de León, atravesando comarca clave en la provincia de Lugo, como Quiroga o Monforte de Lemos.

Los diputados denuncian que la «falta de avances» en la autovía A-76 debido a la «desidia» del Ejecutivo socialista obliga a miles de ourensanos y lucenses a transitar diariamente por un firme llevo de baches.

«La situación empeoró de forma sustancial en los dos primeros meses de 2026 debido a los constantes temporales que terminaron por deshacer el asfalto, ya muy deteriorado», señalan.

La iniciativa recoge testimonios de usuarios y crónicas en los medios de comunicación, en las que se cualifica la circulación por esta carretera como una «montaña rusa» de saltos y vibraciones.

Los populares destacan que los baches, en muchos casos sin señalizar y de gran profundidad, causan un «reguero de incidencias» y averías diarias. «Hay conductores que sufren rebetones de ruedas y roturas de amortiguadores nada más salir del taller; los talleres de la zona incluso están quedando sin existencias de neumáticos por la alta demanda de reparaciones».

Por todo ello, reclaman un plan integral de rehabilitación, garantizar el mantenimiento preventivo con una conservación estructural y profesional, así como que el Ministerio de Transportes asuma la responsabilidad patrimonial para hacerse cargo de los gastos de reparación de los vehículos que sufrieron daños causados por el «pésimo estado de la calzada».

«Los lucenses y ourensanos no pueden seguir jugando la vida y el bolsillo cada vez que cogen el coche para ir a trabajar o acudir al médico. Es hora de que el Ministerio asuma su responsabilidad», han concluido.

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