La sección segunda de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso de Autopistas del Atlántico SA (Audasa), concesionaria de la AP-9, contra la sentencia del Tribunal de Instancia de Pontevedra que obligaba a la empresa a pagar 59.284 euros reclamados por el Ayuntamiento de Valga (Pontevedra) en relación con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

En un primer fallo, en marzo de 2026, el Tribunal de Instancia de Pontevedra avaló la resolución municipal que consistía en una liquidación que reclamaba la cuota íntegra del IBI del tramo la AP-9 en Valga entre el 19 de agosto y el 31 de diciembre de 2023. Y obligaba a la empresa a pagar 59.284 euros reclamados por Valga.

Ese fallo recogía que Audasa «sabía perfectamente años atrás» –así lo marca un convenio aprobado por Real Decreto– que en 2023 solo disfrutaría de la bonificación «por una parte proporcional del mismo y no por la totalidad».

Sin embargo, ahora un fallo del TSXG, con fecha de 19 de junio de 2026, señala que el Ayuntamiento de Valga delegó en la Diputación de Pontevedra la recaudación del IBI, por lo que «se le impide la realización de liquidaciones que de hacerse serían duplicadas a la ya inicialmente girada por la Diputación», de modo que acoge el recurso de Audasa y decreta la «nulidad radical del acto administrativo».

VALGA DEFIENDE QUE EL FALLO NO ENTRA AL FONDO Y CULPA A LA DIPUTACIÓN

Por su parte, el Ayuntamiento de Valga defiende que este fallo no entra en el «fondo» del asunto y culpa a la Diputación de Pontevedra de que le hayan dado la razón a Audasa. Además, señala que evalúa presentar recurso de casación.

«El Ayuntamiento de Valga comunicó en el año 2024 a la Diputación de Pontevedra que iba a pasar a Audasa la liquidación del IBI orrespondente al periodo entre el 19 de agosto y el 31 de diciembre de 2023. Lo hizo porque en un primero momento la Diputación no atendió la petición del Ayuntamiento de Valga para hacer esa reclamación. Cuando se produjo la sentencia favorable al Ayuntamiento y, efectivamente cobramos los 59.284,40 euros reclamados, fue cuando la Diputación decidió reclamar las cantidades correspondientes a todos los ayuntamientos de la provincia, incluido Valga», relata el Ayuntamiento en un comunicado. «No fue adecuado el proceder de la Diputación, incluyendo a Valga también en su reclamación, porque eso fue el que aprovechó Audasa para recurrir al TSXG. La Diputación, cuando reclamó, tiña constancia de que Valga ya había ganado la sentencia y ya había cobrado, por lo que tenía que haber hecho era reclamar el de los otros ayuntamientos y no el de Valga», agrega.

«Audasa lleva años beneficiándose de condiciones especiales e injustas, como la bonificación del IBI; alcanzando beneficios asombrosos a costa de todos los valgueses y de todos los gallegos. Y por ello vamos a ir más allá para intentar que no sigan aprovechándose de su posición ventajosa. Desde el año 2008 está sin actualizar la valoración catastral de los terrenos afectados por la AP-9, con lo que los ingresos podrían casi duplicarse para los ayuntamientos si lo comparamos con el que subió la vida en general. Esta cuestión, que depende de la Xerencia del Catastro en A Coruña es otra de las luchas del Ayuntamiento. Pero parece que Xerencia del Catastro en A Coruña está en colaboración con Autopistas porque, desde 2024, ya enviamos varias reclamaciones y siguen sin hacer nada. Tienen la obligación de revisar los valores, pero da la sensación de que están en connivencia con Audasa para perjudicar a los ayuntamientos y limitar sus ingresos, favoreciendo así los millonarios beneficios de la concesionaria de la AP-9», prosigue en sus quejas.

Finalmente, el Ayuntamiento de Valga de que, aunque sea pequeño y rural: «No piensen que por eso vamos a agachar la oreja». «No permitiremos que nos tome el pelo nadie», afirma.