El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta un amplio paquete de medidas anticorrupción, que incluye el refuerzo de las condenas a empresas involucradas en casos de corrupción y más controles de los fondos que reciben los partidos políticos.
Estas medidas fueron anunciadas hace unos meses por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, después de la crisis generada por la presunta implicación del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán en una trama corrupta.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública que incluye 84 medidas en total que afectan a 18 textos legislativos y que «dan respuesta a todo el ciclo de la corrupción», según ha señalado.
En materia de contratación pública, Montero ha destacado que el registro de empresas con prohibiciones de contratar con la Administración va a ser público además se aumenta la pena máxima de inhabilitación a 15 años, en los que tampoco podrán recibir subvenciones ni beneficios fiscales.
LOS PARTIDOS DEBERÁN PUBLICAR LAS DONACIONES A PARTIR DE 2.500 EUROS
También se endurece el control y la transparencia en las donaciones a partidos políticos y fundaciones y en concreto se reduce el umbral de publicaciones de estos fondos. Actualmente es obligatorio hacerlo público cuando superan los 25.000 euros y ahora se reduce a 2.500 euros.
En este sentido, también se obliga a los partidos a realizar auditorías de sus cuentas externas e independientes y no hacerlo supondrá una infracción «grave o muy grave». La multa por no publicar las donaciones aumentará al doble del importe de la donación no publicada.
Entre las medidas aprobadas también está la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, un organismo que va a aglutinar otros organismos anticorrupción que ahora están dispersos. Según Montero, será la responsable de coordinar en España la protección de los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude.
Asimismo, va a aumentar el plazo de prescripción de delitos de corrupción de 5 a 7 años lo que permitirá dedicar más tiempo a investigar delitos «complejos».
El Gobierno también pretende reforzar el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para embargar bienes desde el inicio de la investigación.
(Seguirá ampliación)
