La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha pedido que se modifique de forma urgente la Ley de Contratos del Sector Público y se revise la Ley de Desindexación, con el objetivo de que deje de aplicarse a los contratos públicos.

La patronal considera que la falta de actualización de precios, especialmente de la mano de obra, pone en riesgo la viabilidad de los contratos y puede frenar la ejecución de las obras, además de afectar directamente a los salarios de los trabajadores.

Según CNC, cuando no se ajustan los contratos públicos a los precios de mercado, se producen retrasos, abandonos de obras y ralentizaciones, lo que advierte de que «resulta especialmente preocupante» en un momento como el actual.

En concreto, en una coyuntura en la que es necesario ejecutar los fondos europeos para la construcción de grandes obras públicas e infraestructuras, aumentar la oferta de vivienda y empezar a plantear soluciones frente a la que considera la principal preocupación de los españoles.

La CNC insiste en que la ley debe ajustarse «lo antes posible» para proteger tanto a las empresas como a los trabajadores, después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social se haya comprometido con los agentes sociales a impulsar un cambio en la normativa para explorar la posibilidad de relajar las reglas de indexación en los contratos públicos de las empresas que ejecutan y prestan servicios a las administraciones, sobre todo en los salarios.

En este marco, patronal y sindicatos de la construcción acaban de comprometerse en el VII Convenio General del Sector a formular conjuntamente propuestas de modificación de la Ley de Desindexación de la economía española y de la Ley de Contratos del Sector Público.

El objetivo es excluir la aplicación de la primera a los contratos públicos e incluir en la segunda un sistema de revisión de precios similar al vigente hasta 2015, incorporando de nuevo la mano de obra como elemento revisable.