El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado los recursos de apelación presentados por dos acusados, matrimonio, que fueron condenados a casi 54 años de prisión por prostituir a mujeres en pisos de Ferrol y Narón (A Coruña), y por venta de drogas.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña condenó a cada uno de ellos a 53 años y 11 meses de cárcel como autores de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas de acusada nocividad, de un delito continuado de inmigración ilegal y de siete delitos de trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual, en concurso medial con otros tantos de explotación sexual.

Los acusados recurrieron la sentencia alegando, entre otras cuestiones, la vulneración del derecho a un proceso penal con todas las garantías, y vulneración del derecho de defensa, argumentando que su condena se basó en el testimonio de una testigo protegida cuya identidad no fue revelada, lo que impidió contrastar sus manifestaciones.

También alegaron posibles motivos espúreos en esa declaración, algo que que rechaza el TSXG, que recuerda que la mayoría de testimonios son «reveladores» de cómo el matrimonio captaba a las víctimas, las condiciones de financiación de los viajes, el dinero que le entregaron y que debían devolver o la forma en que ejercían la prostitución. También se refiere el tribunal a cómo limitaban las salidas de las mujeres o el uso del teléfono móvil, o la obligación que les imponían de suministrar a los clientes Viagra y cocaína. «Todo ello, en fin, incompatible con unas condiciones de vida dignas, libres e independientes», apunta el tribunal.

Por otra parte, el TSXG ve acreditada la situación de vulnerabilidad de las víctimas, «de necesidad evidente e incluso de desesperación», que las llevó a aceptar esas condiciones, e igualmente rechaza como motivo de apelación la inexistencia de prueba de cargo suficiente.

Por todo ello, ha desestimado el recurso y ha confirmado la sentencia del tribunal provincial.

CONDENA

La Audiencia consideró probado que, al menos desde 2019, ambos acusados se dedicaron en pisos de Ferrol y Narón «a obtener importantes beneficios económicos con la explotación de la prostitución de otras personas de sexo femenino».

En muchos casos, según relataron los magistrados en la sentencia, «organizaban la llegada a España de mujeres de nacionalidad paraguaya desde su país, incumpliendo la normativa de extranjería en el acceso al territorio nacional, con el propósito de que permaneciesen en él ejerciendo la prostitución».

La Sala añadió que, «en esa actividad de aprovechamiento sexual lucrativo y único medio de vida», contaban con la colaboración diaria de una conocida, quien llegó desde Sevilla en noviembre de 2021. Esta persona también ha sido condenada a 25 años de cárcel como autora de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas de acusada nocividad, y de siete delitos de explotación de la prostitución.

Las jóvenes eran obligadas a abonar entre 5.000 y 7.000 euros, «deuda cuya extensión monetaria no siempre conocían o no con exactitud al aceptar el desplazamiento, pues en ocasiones ignoraban el corto plazo del reintegro» y que la única forma de ganar dinero para ello era con la práctica intensa de los servicios sexuales de todo género que demandara la clientela. «Las circunstancias de juventud, extranjería no regularizada y carencia de cobertura económica y familiar, propició un clima de aislamiento y cierto temor», señalaban en la sentencia, donde remarcaban que las mujeres vivían una situación de sometimiento.