Unións Agrarias (UU.AA.) reclama a la Xunta que realice o encargue un estudio de costes para la viticultura gallega, a poco más de un mes de que arranque la vendimia en algunas zonas de Galicia. Con la vista puesta en este horizonte, el sindicato rechaza que las industrias tengan la «tentación» de «jugar con los precios a la baja» por los aranceles de Estados Unidos.
En rueda de prensa, la organización agraria ha recordado que «por ley» debe existir «un contrato con un precio» antes de que las industrias recojan la uva a los productores. Además, ha advertido de que «no pueden quedar uvas colgadas», como ocurrió el año pasado con 350 viticultores de la Ribeira Sacra, según sus datos.
Unións también ha advertido de que «denunciará» ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) cualquier intento de «banalizar» este trabajo, después de reivindicar la «importancia» de un sector que fija población, sirve como «gestor del territorio» al mantener superficie cuidada y genera unos 400 millones de euros de valor.
El portavoz Carlos Basalo ha indicado que el año pasado se recogieron 74 millones de kilos de uva y que este año se prevé «muy similar» o «un pelín inferior».
A la Consellería de Medio Rural le ha pedido ese estudio de costes para fijar lo que supone producir un kilo de uva en Galicia, ya que, según ha dicho, hay uno de 2022 pero está «descatalogado».
También ha instado al Gobierno gallego a «ligar» las ayudas a las industrias a la compra y el pago de la uva, para «que no dejen sin recoger o paguen por debajo de costes».
QUE LO ASUMA EL CONSUMIDOR
Por su parte, Félix Porto ha avisado de la «tentación» de emplear «problemas» como los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «para jugar con los precios a la baja». En un momento «incierto» y todavía «incipiente», se ha preguntado cómo lo subirían «si después no hay impacto».
En este sentido, ha indicado que esta problemática afecta fundamentalmente a una denominación de origen, la de Rías Baixas, cuyas bodegas está «en una franja alta», por lo que entiende que «el consumidor estaría en disposición» de asumir un alza del vino.
