Galicia asumirá desde el próximo martes, 1 de julio, la gestión del litoral y la Xunta espera que a finales de este año todas las autorizaciones autonómicas que se tienen que dar en dominio público-terrestre puedan hacerse en un único procedimiento integrado en el que ya se incluyan todos los informes preceptivos y vinculantes correspondientes.

Para ese 1 de julio, la Administración gallega aguarda tener «todo listo» para que la ciudadanía pueda hacer una solicitud de cualquier título habilitante en dominio público marítimo-terrestre en la sede electrónica de la Xunta, ya que hasta ahora, bajo la gestión de Costas del Estado, «era todo en papel».

Así lo ha avanzado en una entrevista concedida a Europa Press la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, en la que ha detallado que trabajan para que todas las autorizaciones que se tienen que dar en el litoral estén integradas en un único procedimiento con una única autorización.

Esto, ha explicado, está ya en marcha, pero debe hacerse a través de un decreto que tiene que aprobar el Consello de la Xunta, aunque ya han comenzado con la fase de consulta pública previa. La responsable autonómica espera que esté ‘ok’ a final de año.

En cuanto al registro de concesiones anunciado, en paralelo con este procedimiento, Uría ha explicado que por el momento no cuentan con todos los expedientes, que deben trasladarles antes de este 1 de julio, pero que deberán volcarlos de manera electrónica, algo que también espera que tengan operativo a finales de este 2025.

«MAYOR ACIERTO»

Pero, ¿cómo verán los gallegos en su día a día esta nueva competencia? En primer lugar, la Xunta reivindica que el hecho de ser una administración que está «más cerca» que la central y que ya se ocupa de otras responsabilidades como marisqueo, turismo o medio ambiente, entre otras, permite «un mayor acierto» en las decisiones que se tomen.

En este sentido, la ley del litoral defiende un desarrollo «sostenible» y con una convivencia «responsable». Así, uno de los objetivos que se fija es tratar de implantar la gestión integrada, algo que tal y como ha expuesto Paula Uría, «ya está implantado en Europa» y que quiere llevarlo a cabo en Galicia con un doble objetivo: reforzar la seguridad jurídica de los negocios ubicados en el litoral u otras edificaciones que podrían tener inquietudes y, por otro lado, simplificar los trámites.

CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL

Por otra parte, la Administración autonómica pretende «revitalizar» las edificaciones que hay en el litoral gallego con el fin de potenciar también la «protección y conservación» y «dinamizarlo».

En este sentido, la Xunta trabaja en una parte del patrimonio cultural del litoral, como edificaciones catalogadas como bien de interés cultural o bienes catalogados», para poder aprobar un catálogo que, por ejemplo, «permita recuperar antiguas fábricas de salazón o carpinterías de riberas» que tienen «una protección cultural establecida» con el fin último de poner en valor todos estos inmuebles.

Otro aspecto a destacar en cuanto a las edificaciones que regula la ley es «la segunda vida que se le podría dar» a diferentes construcciones ubicadas en dominio público para las que no se permitía hasta ahora ningún uso turístico. Por ejemplo, viviendas que eran residenciales, ahora se especifica que estas edificaciones preexistentes que tengan «especial valor arquitectónico, histórico o cultural puedan ser establecimientos turísticos de calidad».

«Ya estamos trabajando en el establecimiento de unos criterios que tienen que tener estas viviendas para que se incorporen a la Red de Establecimientos Turísticos del Litoral», ha apuntado Uría, que ha señalado que será una red de turismo de «excelente calidad» que tendrá que cumplir unos criterios «exigentes», pero que podrán darle «una segunda vida».

Precisamente, relacionado con la costa y el turismo, otro de los elementos que pasan a tener en su totalidad las concesiones dependientes de la administración autonómica son los chiringuitos de las playas.

En relación con ellos, la Xunta está realizando una guía de integración paisajística integral que hasta el momento no existía. Con ello, se pretende que estos establecimientos en Galicia tengan «una señal de identidad» y que pueda haber «una homogeneización e integración en el paisaje».

CIFRAS Y MEDIOS TRANSFERIDOS

En resumen, entre las competencias transferidas se encuentran las autorizaciones de usos de temporada en playas y en el mar territorial, las autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar o la vigilancia, así como la tramitación e imposición de sanciones.

De este modo, Galicia pasa desde este martes a tener el control sobre autorizaciones y concesiones de la comunidad de España con más kilómetros de costa: más de 2.500 kilómetros en los que se ubican más de 4.000 edificaciones de todo tipo, incluidas más de 100 empresas del complejo mar-industria.

En cuanto a los medios que se transfieren a la Xunta, se encuentran partidas presupuestarias de 1,2 millones de euros anuales, así como 11 vehículos y 36 puestos de trabajo: 17 de personal funcionario y 19 de laborales.

En todo caso, la directora xeral ha reconocido que por el momento todavía no tienen los datos de todos los expedientes, que podrían sumar más de 1.000.

PACTO GALEGO POLO LITORAL

Y para la gestión de estos más de 2.500 kilómetros de costa, el Ejecutivo autonómico quiere que esta nueva competencia — la primera tras casi 17 años– sea «un ejemplo de cogobernanza», para lo que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ya avanzó que convocaría el próximo mes de septiembre a casi 90 municipios de la costa gallega para tratar de sellar un ‘Pacto Galego polo Litoral’.

Ante el anuncio de esta reunión con casi un centenar de ayuntamientos, la Comisión Executiva de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha acordado esta semana solicitar al Gobierno gallego participar en esta ‘cumbre’ para dar forma al pacto.

A este respecto, fuentes de la Fegamp consultadas por Europa Press han señalado que para la entidad que agrupa todas las localidades gallegas, «por la importancia del asunto y para articular la coordinación necesaria entre los ayuntamientos que van a ser convocados», es «muy importante» poder participar activamente en representación del municipalismo de la Comunidad en esta parte del proceso.