La Plataforma STOP Planta de Residuos Cacheiras-Aldeas Limpas ha demandado al Ayuntamiento de Teo «una posición firme» y su «apoyo explícito» a que no se ubique una planta de tratamiento de residuos de la construcción y demolición entre Feros y A Torre, con viviendas cerca, para así poder enviar «un mensaje relevante» a la Xunta, ambas administraciones gobernadas con mayoría absoluta por el PP.

«Una posisición clara del Ayuntamiento enviaría un mensaje relevante a la Xunta de Galicia sobre la falta de apoyo social e institucional al proyecto, lo que podría ayudar a una decisión contraria a la autorización de la instalación de la planta», sostiene la plataforma en un comunicado, emitido tras la celebración el jueves a última hora de un pleno extraordinario sobre esta cuestión.

Mientras en la casa consistorial se celebraba ese pleno, en el exterior, vecinos contrarios a la planta volvieron a concentrarse, en esta ocasión con máscaras, mientras se reproducía el sonido de maquinaria machacadora y se emitía humo simbólico, con la pretensión de trasladar una imagen del impacto que tendría la planta cerca de las viviendas.

En ese pleno, la entidad que agrupa a vecinos residentes en el entorno de Cacheiras puso el foco en el papel del Ayuntamiento de Teo para pedirle que «abandone una actitud pasiva y ejerza sus competencias en defensa de la vecindario». Así, aunque admite que la autorización final de la planta es competencia de la Xunta, demanda «un papel activo» del Gobierno de Lucía Calvo de la Uz.

OPOSICIÓN AL EMPLAZAMIENTO PREVISTO

La Plataforma STOP Planta de Residuos Cacheiras-Aldeas Limpas demanda «un compromiso claro para oponerse a la instalación en ese emplazamiento», sin hablar de otras alternativas de ubicación, porque la plataforma entiende que no le corresponde decir dónde podría ubicarse.

Piden «una actuación rigurosa en el ámbito urbanístico, viario y administrativo» del gobierno municipal, al cual señalan una posible alternativa: cuestionar la idoneidad de las vías locales para soportar tráfico pesado continuado.

La instalación proyectada, con una capacidad máxima de 25.000 toneladas anuales, implicaría «un incremento significativo» del tráfico pesado y la consecuente «mayor presión» en viales locales, aparte de «movimiento continuo de materiales, ruido y emisiones de polvo».

«No estamos ante una preocupación menor, sino ante un impacto real sobre la salud, el descanso y la seguridad del vecindario», avisa la plataforma, que también argumenta que «el vecindario no pide privilegios, pide sentido común, protección y que se tenga en cuenta que esta no es una localización indiferente».

Otro de los aspectos que critican es «la falta de información y participación pública». Así, ven «insuficiente» la publicación formal de la documentación en canales oficiales y reclaman «una información más próxima, clara y accesible».