La «ola» de recuperación de la gestión directa de los servicios municipales, «sobre todo» tras los comicios municipales de 2015, «se ha ido apagando paulatinamente», según el documento de la Red Localis ‘La remunicipalización de los servicios públicos locales ¿Prestaciones públicas o privadas?’.

Al respecto, en rueda de prensa, la profesora de economía de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) María Cadaval ha concluido que «la moda ha pasado», después de advertir del «sesgo ideológico» con el que se impulsaron algunos procesos, frente a lo que a su juicio «debe primar», que son la calidad y el coste de los servicios.

El estudio, del que es coautora junto al jefe de servicio de asistencia económica-presupuestaria de la Diputación de Cáceres, Álvaro Casas, recoge la distribución temporal de las reinternacionalizaciones entre 2010 y 2019, con su mayor «pico» en 2016, con 27 en el conjunto estatal. Después, fueron 17 en 2017, 14 en 2018 y dos en 2019.

En este periodo, Galicia ha contado tres reinternacionalizaciones de servicios locales, en Arteixo, Teo y Santiago, según apunta el informe de la Red Localis.

El primero (Arteixo) pasó a gestionar de forma directa el servicio del agua, después de rescindir el contrato de Aqualia, la parte privada de la empresa hasta entonces mixta, Augarsa. «Los técnicos municipales pudieron demostrar que la empresa actuaba a través de subcontratas con sobreprecios de entre el 25%-24% e incumpliendo el compromiso de inversiones previsto», destaca el texto.

Por su parte, Teo «devolvió a la gestión pública el servicio de agua en 2015 a la concesionaria Aquagest, por la liquidación del contrato y la nulidad de la prórroga concesional otorgada en el año 2007».

El servicio de la ORA y la grúa municipal de Santiago fue recuperado para la gestión directa a través de la empresa municipal Tussa en junio de 2018, tras la anulación del concurso que otorgó la concesión a Setex Aparki, «con el informe en contra del interventor municipal y con flecos legales todavía pendientes de resolver», según ha llamado la atención Cadaval.

De ahí que haya hecho hincapié en que «calidad y coste» debería ser «lo que esté en el centro» de este tipo de decisiones, que han de disponer de un informe técnico que las «avale».

De lo contrario, las «prisas» o «falta de competencia» pueden llevar a que «los tribunales las anulen». Además, la idea de que la eficiencia «exclusivamente» se alcanza por la vía de la prestación directa «no es así» o «no siempre es así», según ha subrayado, y tampoco se consigue «con darle a un botón», sino que hace falta «personal muy cualificado» e inversión tanto en mantenimiento como en mejora y extensión de la red.

Por eso, el documento de la Red Localis va introducido con un recorrido histórico sobre el «efecto péndulo» que vivieron los servicios locales entre la asunción directa y la externalización y los elementos que influyen en este ámbito –tamaño del ayuntamiento, factor de densidad…–, para proseguir con una especie de «guía» para técnicos sobre el proceso práctico y normativo.

Por su parte, esta profesora de economía ha rechazado la «dejación de funciones» por parte de consistorios (recordando casos de «malas prácticas» durante la crisis) y ha remarcado que los pliegos de condiciones no son algo «baladí» y que ha de establecerse un control «férreo» en el caso de que los servicios se concesionen a empresas, con el ejemplo del contrato de Pontevedra para la gestión del agua.

Que la «ola» de remunicipalizaciones «se ha ido apagando» le parece «un hecho», pero esto, según ha advertido, «no quiere decir que no se puedan seguir planteando», extremo en el que ella aboga por que se hagan «por razones obvias» en las que se incremente la calidad o se reduzcan los costes, y no por la idea de que lo público es mejor que lo privado en términos de eficiencia.