El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto a A Coruña como ejemplo de que la ley de vivienda está abaratando el precio del alquiler «sin afectar a la oferta».

Lo ha hecho en una jornada en la que ha reivindicado la ley y ha pedido superar el «dogmatismo neoliberal» para extender su aplicación en todas las comunidades autónomas, al asegurar que allí donde se están utilizando algunos de sus instrumentos se está logrando contener el precio del alquiler «sin afectar a la oferta».

Durante el balance del curso político, Sánchez ha defendido que el acceso a una vivienda digna constituye una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y ha insistido en que el Ejecutivo mantiene una estrategia basada en «dos flancos»: dar seguridad a los pequeños propietarios mientras combate a los «especuladores» y «fondos buitre» y establecer mecanismos para aliviar el precio de los alquileres en beneficio de los inquilinos.

En este contexto, ha reivindicado la aprobación de la Ley de Vivienda, «la primera en la historia de la democracia», y ha abogado por evaluar sus efectos en aquellos municipios y ciudades donde ya se está aplicando.

Así, ha asegurado que en ciudades como Barcelona, A Coruña o Pamplona se está constatando que la aplicación de la norma está abaratando el precio del alquiler «sin afectar a la oferta», frente a quienes sostienen que intervenir el mercado reduciría el número de viviendas disponibles.

Aunque ha reconocido que «queda muchísimo por hacer», Sánchez ha defendido que empiezan a observarse resultados positivos allí donde los municipios y las comunidades autónomas aplican la ley «por razones de interés general y no por dogmatismo neoliberal».

En este sentido, ha destacado que ya son 310 los municipios declarados zonas tensionadas, que agrupan a más de 9,2 millones de habitantes, y ha expresado su deseo de que «otras grandes ciudades como Madrid o Málaga» hagan lo mismo.

No obstante, ha recordado que esa decisión corresponde a los gobiernos autonómicos, a los que ha pedido «dejar a un lado el sectarismo» y pensar «de una vez en su gente», al considerar que la vivienda constituye una «prioridad nacional».

«La vivienda debe ser un derecho para todos, no un negocio para unos pocos, y desde luego no puede ser rehén de estrategias partidistas que nada obedecen al interés de la gente», ha afirmado.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha trasladado el compromiso del Gobierno de seguir impulsando la vivienda protegida y ha destacado que en el primer trimestre de 2026 se alcanzó la mayor cifra de licitación de vivienda pública de los últimos ocho años, con más de 465 millones de euros, un 44% más que el año anterior.

También ha reivindicado la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda, acordado con las comunidades autónomas y dotado con 7.000 millones de euros, que, según ha explicado, evitará que la vivienda financiada con fondos públicos pueda convertirse en un instrumento de especulación, una medida que ha considerado una de las principales aportaciones tanto de la Ley de Vivienda como de su desarrollo posterior.