La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha cuestionado al Gobierno central cuándo «van a ser realidad» las bonificaciones en la AP-53, que une Santiago con Dozón (Pontevedra).

En respuesta a una pregunta del PPdeG en el pleno del Parlamento, Martínez Allegue ha recordado que el BNG informó de un acuerdo con el Gobierno para que se activasen estas bonificaciones a 1 de enero de 2025, pero expone que, a finales de enero, siguen sin estar vigentes, por lo que urge su puesta en marcha.

Al respecto, la conselleira ha cargado contra el «tarifazo» de las autopistas estatales, en las que hay que «pagar más que nunca», con una subida del 5% en la AP-9 y del 4% en la AP-53. Recuerda que el viaje entre Vigo y A Coruña supera los 20 euros, además que el trayecto Santiago-Dozón alcanza los 6,70 euros, lo que considera un «incremento totalmente injustificado que está lastrando la economía familiar de los gallegos».

Expone que en los últimos cinco años la AP-9 acumula una subida del 26%, con la «trampa» de bonificaciones sobre precios cada vez más altos, lo que «solo beneficia a la concesionaria».

Ante esto, Allegue critica el «silencio» del ministro de Transportes, Óscar Puente, y recuerda que le han solicitado diversas reuniones sin ser atendidas. A esto se suma la «desatención total» en el mantenimiento de infraestructuras estatales.

También requiere «luz y taquígrafos» para que el ministro explique cuáles son los criterios para rescatar otras vías del país y no la AP-9. «Los gallegos no somos tontos», ha clamado. Finalmente, la conselleira ha acusado al PSOE de «retrasar» la votación en el Congreso para la transferencia.

PLANTA DE COESES

En otro orden de cosas, la diputada del BNG Montserrat Valcárcel ha preguntado por el proyecto de Bioenergía Lugo para instalar una planta de biometano de Coeses, en Lugo.

Denuncia que se instalará «a menos de 500 metros de las viviendas» una fábrica de 53.000 toneladas al año de residuos que provocarán «olores 24 horas» y el vertido de casi 100 metros cúbicos al regato Vilalvite, afluente del río Miño. Critica que la Xunta la calificase como proyecto prioritario y remarca que «concejalas del PP votaron que no en el Ayuntamiento de Lugo».

Al respecto, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, recuerda que la Xunta se encarga de la evaluación ambiental, pero será el Ayuntamiento el encargado de la licencia municipal. Por ello, pregunta al Bloque si también va a «reclamar» ante el Ayuntamiento esta cuestión. Igualmente, acusa a los nacionalistas de que «son los de no» a los proyectos industriales.