El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado y ha autorizado la tramitación administrativa urgente del real decreto por el que se crea la ‘Ventanilla Digital Única de Arrendamientos’ y se regula la recogida e intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler y alojamientos de corta duración.

El objeto del real decreto es introducir en el ordenamiento jurídico español un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, a fin de establecer una serie de obligaciones y regulaciones en materia de información que se aplican a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración estableciendo los procedimientos de registro para las unidades situadas en el territorio.

Tal y como se desprende de las referencias del Consejo de Ministros, mediante este real decreto, que estuvo en consulta pública hasta este martes, se crea un sistema por el cual cualquier alquiler de una vivienda de corta duración debe registrarse y obtener un número de identificación, sin el cual no se podrá publicitar la vivienda en las plataformas digitales.

«Se trata de garantizar que cuando se necesita un alquiler de temporada por razones laborales, estudiantiles, por enfermedad, se pueda dar uso y no se abuse de él», indicó la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, sobre el decreto.

CLARIFICACIÓN DE LA CAUSALIDAD

De acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos, esta información obtenida servirá para reforzar la causalidad que la ley exige para los contratos de temporada. Se trata de clarificar la figura de estos arrendamientos para que no puedan ampararse bajos estos contratos y evitar así un fraude o abuso de ley.

Este objetivo es una de las conclusiones que la ministra Isabel Rodríguez anunció como consecuencia del Grupo de Trabajo para la regulación de los contratos de temporada.

Concretamente, la ministra dijo en la rueda de prensa posterior que tendría «que existir una causalidad para poder proceder a este tipo de contratos».

«Se trata de clarificar la figura de estos arrendamientos para que no puedan ampararse bajos estos contratos y evitar así un fraude o abuso de ley», concluyó Rodríguez.