La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) ha instado al Congreso a «poner fin a la discriminación» que sufre Galicia por las condiciones actuales de gestión de la AP-9, cuya concesión hasta 2048 a Audasa «implica un perjuicio grave a la competitividad de las empresas gallegas, con peajes que suben cada año».

Tras la última votación en la Cámara baja este jueves, los empresarios pontevedreses han emitido un comunicado en el que reprueban «el sinsentido de que Galicia continúe pagando de las tarifas viarias más caras del territorio nacional, con una concesión que está previsto que se prolongue, en total, durante 75 años».

En esta coyuntura, el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, ha reiterado la demanda de los empresarios de que «definitivamente se anule la prórroga de concesión hasta 2048». «Entendemos que el coste de su gestión debe ser asumible por la Administración Pública. Se calcula que su mantenimiento anual ronda los 10 millones de euros», ha remarcado.

Además, ha aludido a las dudas de la Comisión Europea (CE) sobre la legitimidad del proceso de prórroga.

«No es de recibo que los gallegos paguemos más cada año por utilizar una infraestructura construida hace más de 40 años, cuando otras similares han sido amortizadas y están libres de peajes, y sus cifras de negocio arrojan rentabilidad. Es una situación a todas luces injusta e insólita en comparación con el resto del territorio nacional», ha concluido.