Las dos personas detenidas en la provincia de Pontevedra en el operativo que ha permitido la desarticulación de la considerada como mayor red de ‘narcotransportistas’ del Estrecho han pasado este miércoles a disposición judicial.

Los dos arrestados en Galicia dentro de la operación ‘Grajuela’ han prestado declaración ante el juzgado de instrucción número de Sanlúcar de Barrameda, encargado de la dirección de la investigación.

Lo han hecho por vía telemática desde los juzgados de guardia de Cambados (Pontevedra) y Caldas de Reis (Pontevedra), según han confirmado fuentes judiciales consultadas por Europa Press.

Se trata de dos de los 31 detenidos (doce de los cuales ya se encontraban en prisión) en la operación conjunta entre funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y la Policía Judiciária de Portugal, y coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de Jerez de la Frontera que ha permitido la desarticulación la mayor red de narcotransportistas del Estrecho.

Además, se llevaron a cabo la práctica de 24 registros domiciliarios y se abortó hasta cuatro operaciones de la organización e incautar tres armas cortas, 1,4 millones de euros en efectivo, 19 vehículos de alta gama, sistemas de comunicación, material informático, dos ‘narcolanchas’ en el país luso y otras tres embarcaciones en España.

Según han explicado, el centro de operaciones estaba ubicado en una lujosa urbanización de Lisboa, desde donde un histórico narcotraficante dirigía y coordinaba todas las operaciones navales. También contaban con infraestructura y una amplia red de colaboradores en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, de donde eran originarios los cabecillas del entramado.

La investigación acreditó que los cabecillas de la organización, originarios de Sanlúcar de Barrameda, empleaban esta ciudad gaditana como base de operaciones en España, debido al perfecto conocimiento que tenían de la zona y la orografía de la misma, así como a la nutrida red de colaboradores con la que contaban en dicho municipio.

La organización disponía de una media de entre ocho y diez embarcaciones EAV –Embarcaciones de Alta Velocidad–, conocidas como ‘narcolanchas’, que se encontraban en todo momento en el agua con sus respectivas tripulaciones, así como de una nutrida red de pequeñas embarcaciones que utilizaba para facilitar a las anteriores todo lo necesario, como víveres o gasolina.

La investigación se inició en mayo del pasado año, cuando los agentes detectaron que la organización criminal trató de recoger un cargamento de 6.000 kilos de cocaína de un ‘narcosubmarino’ proveniente de Sudamérica. Sin embargo, los problemas mecánicos que sufrió la embarcación durante la travesía provocaron su hundimiento, lo que frustró la acción criminal.

A partir de ese momento, las pesquisas policiales giraron en torno al funcionamiento de la estructura de la organización, acreditando que los líderes de la misma estaban asentados en las localidades gaditanas de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y El Cuervo (Sevilla).