El Ayuntamiento de Santiago ha aprobado una sanción de 20.000 euros para la empresa concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) por incumplimientos «graves y reiterados» en lo acordado en el contrato, con «situaciones que no son tolerables en este tipo de servicio».

Según ha explicado la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, en rueda de prensa este lunes, ha señalado que su departamento ha constatado que se están produciendo situaciones «que no son tolerables en un servicio tan sensible como este, que afecta a tanta gente vulnerable».

Ha recordado además que esta no es la primera multa, ya que el año pasado el gobierno municipal socialista le impuso una de 6.000 euros que se hizo efectiva en agosto.

Ahora, ha apuntado, la sanción será de 20.000 euros, «no porque los incumplimientos sean diferentes, sino porque son reiterados, a pesar de la primera sanción». Se hará efectiva en la próxima factura, en la que se detraerá la citada cantidad.

Entre los incumplimientos esgrimidos por Rozas, están los «atrasos inasumibles» en las altas de los usuarios, con una media de 22,54 días cuando lo estipulado es que se formalicen en un máximo de cuatro días. Con todo, ha destacado, hay altas que se retrasan hasta cuatro meses.

Tampoco se está cumpliendo, ha explicado, con las modificaciones de los servicios de los usuarios (horas solicitadas o tipo de servicios), que deben completarse en 24 horas y que presentan unos tiempos de demora de hasta ocho meses. Lo mismo ocurre con el seguimiento de los usuarios, «que no se está realizando».

Asimismo, ha indicado que han recibido quejas de usuarios alegando que se dejaban servicios sin atender «de forma injustificada y sin previo aviso», con auxiliares que no se presentan. A este respecto, han registrado 117 ausencias injustificadas. Otros servicios complementarios, como el de fisioterapia, tampoco se están llevando a cabo.

INCUMPLIMIENTOS CON EL PERSONAL

Por otro lado, Rozas también ha abordado los incumplimientos de la empresa con el personal. «La empresa decidió, hace unos meses, cambiar de forma unilateral las condiciones de las trabajadoras, recortar las horas laborales, cambiar los turnos y también las condiciones económicas. Al mismo tiempo, alega que no tiene personal para prestar el servicio. Un incumplimiento más y una nueva incoherencia más», ha detallado la concejala.

Rozas no tiene «ningún tipo de duda» de que las demandas de las trabajadoras son «justas» y apela a la sentencia reciente que les da la razón frente a la empresa.

Así las cosas, ha concluido la responsable de Servizos Sociais del Ayuntamiento, el Gobierno municipal toma la decisión de aplicar una sanción tras «meses de interlocución» con la empresa, «de estar avisados de que esto iba a ocurrir». «Hoy, en la Junta de Gobierno, decidimos rechazar las alegaciones presentadas por la empresa (…), que no justifican para nada estos incumplimientos».

«La situación es inaceptable e inasumible. Desde el Gobierno municipal consideramos que el SAF es un servicio muy sensible para el municipio, un municipio que cada día tiene más personas mayores que viven solas y que merecen que el Ayuntamiento de Santiago esté vigilante y que no acepte este tipo de incumplimientos tan graves», ha aseverado.

«No vamos a permitir que se preste un servicio en condiciones precarias a menores o dependientes, pero tampoco queremos permitir que las condiciones de las trabajadoras, que son mayoritariamente mujeres, sean cada vez más precarias e injustas», ha defendido.

Preguntada por la posibilidad de cancelar el contrato, la concejala ha explicado que cuando una empresa es sancionada en tres ocasiones, la última conlleva la cancelación del contrato en vigor. «Esta empresa está en la segunda sanción. Así que, en caso de continuar los incumplimientos del contrato, estaría en una tercera sanción y ese contrato estaría anulado», ha comentado.

Con todo, ha avanzado que ya trabajan en la elaboración de los pliegos para un nuevo contrato, ya que el actual finaliza en mayo de 2024. «Nuestra intención es tener un nuevo contrato cuanto antes. Porque asumimos que esta situación reiterada en el tiempo es injustificable. Yo espero que la empresa rectifique y empiece a mejorar estas cuestiones», ha apuntado.

JUNTA DE GOBIERNO

La aprobación de esta sanción ha sido uno de los temas tratados en la Junta de Gobierno celebrada este lunes y de la que ha dado cuenta la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en rueda de prensa.

Además de varias licencias de obras, se ha adjudicado el contrato para la rehabilitación integral del pabellón municipal de Vite, cofinanciado con Fondos NextGeneration y con un coste de 1.209.712,72 euros. Las obras tienen un plazo de ejecución de seis meses y se centrará en la renovación de la envolvente (eficiencia energética)

También se adjudica el contrato del Servizo de voz e datos para el Ayuntamiento, con un importe de 1.277.938,26 euros en cuatro anualidades (2024, 2025, 2026 y 2027). Empezará a funcionar el 1 de enero de 2024.

Se ratifican también distintas justificaciones de convenios que ya habían sido aprobados, como el de Cáritas Diocesana o el del Colegio de Abogacía de Santiago.

Finalmente, también se aprueba la oferta pública de empleo del Ayuntamiento para 2023, con 12 nuevas plazas: dos de personal administrativo; una de ingeniero técnico y otra de arquitecto técnico; cinco de policía y tres de bomberos.