El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado de que el Gobierno gallego ha dado luz verde a la futura ley de lucha contra los incendios forestales de Galicia, como paso previo a su remisión al Parlamento con el fin de proceder a su debate y aprobación, que se calcula para «los primeros meses del próximo año».

El visto bueno del Gobierno autonómico se produce después de someter el texto legal a la evaluación del Consello Forestal de Galicia.

El presidente de la Xunta ha recalcado que la futura norma apuesta por «un nuevo modelo de lucha integral y gestión estratégica del territorio, frente al anterior paradigma de defensa reactiva, que estaba basado en la limpieza de la biomasa en las franjas e infraestructuras preventivas».

La Xunta pretende evolucionar desde el modelo de franjas hacia uno de riesgo territorial, de tal forma que la prevención «deja de concebirse únicamente como una red física y pasa a organizarse según una lógica de riesgo, vulnerabilidad, comportamiento del fuego y estructura territorial». Esto permite que las medidas preventivas puedan variar «en función del nivel de riesgo de una zona o las características de los terrenos» y no ser exclusivamente uniformes, dotando al modelo de «mayor agilidad y flexibilidad».

OBLIGACIÓN LEGAL DIRECTA

En esta línea se incorporan nuevos conceptos, como es el caso de la interfaz urbano-forestal, que se define como aquel terreno urbano, de núcleo rural o urbanizable con cubierta vegetal, colindante con el monte. En esta interfaz se establece que la aplicación de los criterios para la gestión de la biomasa y la retirada de especies se convierte en una obligación legal directa.

Al tiempo, las nuevas instalaciones industriales y gasolineras en terrenos agroforestales o en esa interfaz urbano-forestal están obligadas a disponer de una red perimetral de hidrantes para su autoprotección y tomas de agua homologadas.

También en relación con la gestión del territorio, se fomentan instrumentos como los paisajes mosaico o cortafuegos. Los primeros son aquellos que permiten crear discontinuidades estratégicas de combustible mediante la configuración productiva del territorio y los segundos establecen áreas delimitadas en puntos estratégicos (corredores, ejes de sierra) para frenar grandes incendios con la implantación de actividades agroganaderas o la plantación de frondosas autóctonas.

Asimismo, se establece la posibilidad de duplicar las distancias de gestión de biomasa en zonas estratégicas, tanto en las denominadas franjas primarias (de protección de infraestructuras como carreteras o líneas eléctricas de alta tensión) como en las secundarias (núcleos de población y edificaciones), en lugares donde el comportamiento del fuego sea especialmente peligroso.

AMPLIACIÓN DE LA ÉPOCA DE ALTO RIESGO

Por otra parte, se dota a los agentes de la autoridad (forestales, ambientales o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado) de la potestad de dictar órdenes verbales de ejecución inmediata sobre el terreno, tales como el desalojo de áreas recreativas o el cierre de caminos ante un peligro inminente, sin tener que esperar a los trámites administrativos.

En lo que respecta a la época de peligro alto de incendios, se amplía para establecerla entre el 16 de junio y el 15 de octubre de cada año, es decir, 30 días más que en la actualidad, cuando este período abarcaba desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre.

VIGILANCIA

Otra medida con carácter innovador es la protección estratégica de puntos de vigilancia y agua. De esta forma, la red de puntos de agua se declara infraestructura de seguridad pública estratégica, lo que garantiza el acceso a cualquier servicio de emergencia, obliga a los ayuntamientos a instalar tomas compatibles en sus redes municipales y prohíbe cualquier uso del agua almacenada en ellos que no sea la extinción de incendios.

Paralelamente, se prohíbe cualquier construcción o plantación en un radio de 50 metros alrededor de los puestos de vigilancia del fuego.

Para incentivar la colaboración con otras administraciones y entidades, se promueve la cooperación «activa» de asociaciones y comunidades de montes en la vigilancia y detección y se regulan las subvenciones a los entes locales, para que puedan adquirir vehículos y equipos. En la misma línea, se autoriza la concesión directa de ayudas por razones de interés público, social y humanitario en el caso de incendios «extraordinarios».