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Muere Nené Barral, el ex alcalde de Ribadumia (Pontevedra) acusado de contrabando pero que no llegó a ser juzgado

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El que fue alcalde de Ribadumia (Pontevedra) hasta 2001, Nené Barral, ha fallecido este jueves a los 79 años tras una enfermedad que no logró superar y que lo mantuvo en los últimos tiempos en una delicada situación de salud. Será enterrado este viernes en su localidad natal, tras un funeral en San Lorenzo de András, de donde es originaria su esposa.

De hecho, su situación de salud ya le había impedido acudir al juicio que se iba a celebrar contra él en la Audiencia Provincial de Pontevedra por una acusación de contrabando por la que había sido detenido hacía 30 años, lo que convertía su enjuiciamiento en el más largo conocido.

Barral, que no llegó a ser condenado, sí llegó a sentarse en el banquillo de los acusados junto a otras personas en septiembre de 2022, pero la cuestiones previas planteadas por los abogados suspendieron un juicio que luego ha sido aplazado en varias ocasiones y que no ha llegado a celebrarse.

Aunque no la justicia no llegó a dictaminar, la acusación le costó su carrera política, lo que le llevó en 2001 a dejar el cargo de alcalde, que ocupaba, primero con Alianza Popular y luego con el PP, desde los años 80. Con su imputación, se produjo su salida de las filas de los populares y luego fundó Independientes por Ribadumia, formación en la que concurrió David Castro, alcalde de esta localidad y que en las últimas municipales ya lo hizo bajo las siglas de los populares.

Entre las acusaciones pendientes, el escrito fiscal del juicio aplazado consideraba a Nené Barral cabecilla de una organización compuesta por otros 9 acusados que, entre 1996 y 2001, se habrían dedicado a introducir tabaco de contrabando en territorio europeo. En 2001, el hasta entonces alcalde de Ribadumia fue detenido por su presunta vinculación a un alijo de 432.000 cajetillas de tabaco.

En 2016, Nené Barral admitió un delito fiscal y pactó con el Ministerio Público un fraude tributario del que exculpó a sus hijas. De aquella, la pena se vio reducida a un año y dos meses y tuvo que asumir un pago, al menos, de 700.000 euros por haber ocultado ingresos derivados de negocios eólicos y acuícolas en Asia y América, según las informaciones publicadas entonces.

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