El BNG ha exigido una investigación «profunda» del descarrilamiento el pasado 23 de agosto del tren de mercancías en Vilamartín de Valdeorras (Ourense), así como revisar la seguridad de la línea entre Vigo y Valdeorras.

Para la diputada nacionalista Noa Presas, este nuevo descarrilamiento «pone el foco sobre el mantenimiento y las condiciones de seguridad de las vías gallegas, singularmente de las vías del interior del país y de la línea del Miño, que ha sido protagonista de recientes problemas o descarrilamiento».

Presas remarca que «ya en agosto de 2020 descarrilaban vagones de un tren de mercancías también en Valdeorras». «Este descarrilamiento fue protagonista de una gran polémica pues ADIF vertió los vagones al río Sil y acabó por ser multada y obligado a su retirada», ha recordado.

Además, ha apuntado, en enero de 2023 descarrilaron consecutivamente dos trenes de mercancías en la línea Santiago-Ourense. También en enero un desprendimiento interrumpía la circulación de trenes en Monforte y en diciembre de 2022 «ocurría algo similar en la línea de A Mariña».

«La recurrencia de estas situaciones y su presunta atribución a las inclemencias climáticas, bien sea por altas temperaturas, bien por la incidencia de las lluvias, es enormemente preocupante y requiere de una vigilancia activa por parte de las instituciones», ha señalado.

Por ello, el Grupo parlamentario del BNG en el Pazo do Hórreo ha solicitado de la Xunta su implicación ya que, «es necesario exigir al Gobierno del Estado su máxima investigación y que aporte la información de la que dispone desde el ámbito de sus competencias».

Los nacionalistas quieren saber además cuál es la valoración del Gobierno gallego del descarrilamiento de vagones y qué actuaciones al respecto va a exigir, cómo valora la aplicación del protocolo transgal y cuantas veces se ha aplicado desde su existencia, así como saber si el Ejecutivo gallego «va a hacer algún estudio o investigación al amparo de sus competencias en materia de emergencias, seguridad y consumo.

Asimismo, avanzan que instarán a la Xunta a demandar del Gobierno del Estado «la máxima transparencia y diligencia» en las investigaciones de las causas de los descarrilamientos producidos en Galicia en los últimos meses y a realizar una auditoría integral de las vías que discurren por el territorio gallego para «garantizar su máxima seguridad y mantenimiento».

Advierten a este respecto que, de no conseguir la realización de esta última actuación, «la Xunta deberá emplear todas las vías posibles para que se realice, incluida la judicial, así como el empleo de medios propios para recaudar la evaluación necesaria».