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El forense Aitor Curiel ratifica que la muerte de Déborah fue homicida y la familia afea que Fiscalía aún lo cuestione

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El experto forense Aitor Curiel, que elaboró un informe sobre la muerte de Déborah Fernández Cervera a petición de su familia, se ha ratificado en sus conclusiones: la joven viguesa murió por sofocación, no hubo una muerte súbita natural.

Así lo ha trasladado este jueves en su declaración por videoconferencia ante la jueza de instrucción número 2 de Tui (Pontevedra), que investiga la desaparición y muerte de la chica, cuyo cadáver apareció en mayo de 2002 en una cuneta de O Rosal, a 40 kilómetros de su casa, desnudo y rodeado de pistas falsas.

El abogado de la familia de Déborah, Ramón Amoedo, ha explicado que el experto se ha ratificado en su informe y ha respondido a todas las preguntas de las partes, detallando por qué llegó a esa conclusión y los signos que le llevaron a aseverar que el fallecimiento de la chica tiene una «etiología homicida».

La familia y su representante legal han lamentado que, más de 20 años después de lo ocurrido, «todavía» se cuestione la naturaleza de la muerte de la chica, cuando los incidios que se conocen apuntan a que su cuerpo fue lavado, conservado durante varios días en un lugar frío y a resguardo de la fauna cadavérica, y que el semen encontrado en su interior fue introducido postmortem.

Al respecto, Ramón Amoedo ha calificado de «sorprendente» que la Fiscalía, e incluso la defensa, hayan intentado desacreditar las conclusiones de Curiel, porque se suponen que «deben tener interés en esclarecer lo que pasó con Déborah». También ha recordado que la propia autopsia descartó que la víctima tuviese ningún problema de salud que pudiera desembocar en una muerte natural.

«PALOS EN LA RUEDA»

En ese sentido, el letrado ha censurado que el Ministerio Público no ha dejado de poner «palos en la rueda» y parece empeñado «en lavar conciencias» tras una instrucción llena de «negligencias». «No cabe duda de que Déborah se murió, se transportó volando a O Rosal, allí se desnudó y vino semen volando a introducirse en su cuerpo. Es la explicación que alguien quiere que exista al final», ha ironizado.

Con todo, ha reconocido que la declaración del perito de este jueves no supondrá cambios significativos en el proceso, y no espera un cambio de actitud en la Fiscalía.

En ese sentido, ha vuelto a insistir en que la Fiscalía debe pedir el archivo y sobreseimiento provisional, porque si está convencida de que no hubo un homicidio, «se están gastando recursos y medios públicos» en una instrucción «por un delito que no existe», además de causar perjuicios a una persona, el exnovio de la chica, Pablo P.S.L., único investigado en el procedimiento.

El abogado ha recordado que ya hace años existen informes policiales donde los investigadores apuntan «a X» por su relación con la desaparición y muerte de Déborah Fernández, «y no se ha hecho nada». Incluso, ha recordado, «tuvo que ser la Audiencia, a tres meses de que prescribieran los hechos, la que ordenó que se llamará a declarar al único investigado».

Amoedo no querido pronunciarse sobre los argumentos de la Fiscalía para mantener su posición: «Que lo expliquen ellos. Durante los últimos 4 años no han propuesto nada, solo se han dedicado a poner palos en la rueda».

QUE JUZGUE «LA OPINIÓN PÚBLICA»

Cuestionado sobre si la declaración de este jueves puede suponer un punto de inflexión, y encarar el proceso hacia un auto de apertura de juicio, el letrado ha recalcado que no tiene «ninguna esperanza» de que se celebre ese juicio.

Según ha recordado, la Audiencia provincial ya rechazó que se iniciase la tramitación del procedimiento por la ley de tribunal de jurado, argumentando que quedaban diligencias por practicar.

«Yo soy absolutamente claro con la familia, y sigo diciéndolo, no sé qué hacemos aquí», ha aseverado, y ha añadido que se está «dando vueltas» a diversas cuestiones, como el análisis del disco duro o del teléfono móvil, y parece que «alguien quiere alargar esto hasta que nos aburramos». Así, ha proclamado que él ya está «aburrido» y la familia «hasta las narices», por eso ha insistido en que, si el Ministerio Público no ve etilogía homicida, debe pedir el archivo.

A partir de ese momento, ha explicado, el sumario se hará «público» y será «la opinión pública la que dictamine a qué conclusión llega». «No es una amenaza ni una fanfarronada, no estoy amenazando a nadie», ha matizado, pero ha advertido de que, si se conoce el sumario (miles de folios en 16 tomos), la sociedad podrá comprobar que «un guión de Torrente se queda corto», porque la instrucción fue «un cachondeo desde el primer momento», con «negligencias, omisiones y fallos».

De hecho, ha recordado que la familia intentó, sin éxito, que se llamara a declarar a los policías, «que tienen nombre y apellido», que recogieron el disco duro de la chica (supuestamente manipulado, según afirman) o el teléfono móvil (que fue localizado casualmente con motivo de unas obras en septiembre del año pasado tras años en paradero desconocido, y que apareció sin tarjeta SIM).

Mientras, el procedimiento continúa, y la familia está pendiente de si el juzgado acepta su petición de hacer un ‘cara a cara’ entre peritos, debido a que la Guardia Civil y una empresa contratada por la defensa del investigado no ven indicios de manipulación del disco duro de Déborah, mientras que los expertos de Lazarus concluyeron que sí la hubo y, concretamente, una vez que el dispostivo ya había sido entregado a la Policía para su análisis.

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