El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha reclamado que los gravámenes a la banca y empresas energéticas, que la Cámara Baja debate este martes en ponencia y el jueves en comisión, sean permanentes y rebajen hasta la mitad sus umbrales de aplicación.

En rueda de prensa, Rego ha catalogado a los impuestos como «absolutamente necesarios», ya que el diputado entiende que es «injusto» que en la actual crisis las grandes empresas energéticas y la gran banca aumenten sus ingresos «exponencialmente».

Y es que, si bien el parlamentario nacionalista está de acuerdo en el fondo de la propuesta del Gobierno, no lo está tanto en la forma, pues entiende que los impuestos debieran ser permanentes (sujetos a una revisión) y no solo aplicarlos en los ejercicios de 2023 y 2024.

Rego ha explicado que definir a los gravámenes como «temporales» sería un error, ya que son negocios, tanto el energético como el financiero, que obtienen beneficios «escandalosos» que vienen de antes del 2022 y que, probablemente, continúen en el futuro.

REBAJAR LOS UMBRALES A LA MITAD

En lo que se refiere a la rebaja de los umbrales, Rego considera que el ámbito de aplicación debería reducirse desde los 1.000 hasta los 500 millones, en el caso de la facturación de las energéticas, y desde los 800 hasta los 400 millones en la suma de intereses y comisiones de las entidades financieras.

La formación entiende que es «excesivamente generoso» que los impuestos se apliquen a partir de un volumen de ingresos de 1.000 y 800 millones. Asimismo, los gallegos también proponen subir hasta el 2% el tipo aplicable en energéticas y hasta el 5% en el caso de la banca.

No obstante, Rego ha remarcado que todas estas medidas, en el plano energético, no serían suficientes de no haber una reforma por la que se elimine el sistema marginalista y haya una mayor intervención pública. Por el lado de la banca, el diputado ha planteado también la idea de que se limiten por ley las comisiones que pueden cobrar los bancos.

En última instancia, Rego ha criticado el comportamiento «antidemocrático» del Gobierno con sus vetos a 984 enmiendas de la oposición a los Presupuestos Generales del Estado de 2023.