El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dado la razón a la asociación A Mesa pola Normalización Lingüística en el recurso presentado contra la prohibición de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra a la manifestación en defensa del topónimo oficial de la isla de A Toxa que el colectivo solicitó realizar durante la jornada inaugural del IV Foro La Toja – Vínculo Atlántico, que arranca este jueves.

Finalmente, la concentración podrá llevarse a cabo después del auto del Alto Tribunal gallego emitido este mismo jueves en el que estima que la resolución de la Subdelegación del Gobierno atentaba contra el derecho fundamental de reunión, por lo que la declara nula.

Así las cosas, el TSXG reconoce el derecho de A Mesa a convocar la protesta, que tendrá lugar a las 19,00 horas en el paseo do Mar de la isla de A Toxa, emplazamiento propuesto por la Policía Local de O Grove (Pontevedra) y que había sido rechazado por la Guardia Civil.

En el auto, el Alto tribunal gallego estima la disposición del colectivo convocante a cambiar tanto el horario como el emplazamiento de una concentración que fue prohibida por las autoridades alegando que podría «afectar al orden público» y a la «seguridad de personas y bienes» ante la coincidencia de la misma con la apertura de este evento a cargo del rey Felipe VI, entre otras autoridades.

En este sentido, señala la existencia de un informe de la Policía Local en el que se alude al emplazamiento alternativo, de lo que los magistrados extraen que «la posibilidad de modificación del lugar de la celebración era factible, es decir, existía una posibilidad alternativa para acoger el lugar de la celebración».

«Dicho informe no ha sido conocido por la asociación actora hasta el momento en que en vía judicial se le dio traslado a las partes a efectos de formular alegaciones», incide la sala en su resolución, que da luz verde a la convocatoria.

A MESA LAMENTA «POCO TALANTE DEMOCRÁTICO»

Tras conocerse la resolución del TSXG, A Mesa ha emitido un comunicado en el que lamenta el «poco talante democrático» de la Delegación del Gobierno, al que acusa de «optar por limitar los derechos civiles y lingüísticos» y obviar las alternativas que ofrecían las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Para el presidente de la asociación, Marcos Maceira, la decisión de la justicia evidencia que la Sudelegación del Gobierno pretende «hacer callar a quien defiende el ejercicio de los derechos civiles y lingüísticos, mientras ampara a quien los incumplen».

«Si las autoridades asistentes al acto tuviesen realmente voluntad de garantizar el cumplimiento de la legislación no acudirían a un acto que hace gala del desprecio por ella», ha añadido Maceira.